Conflicto Arcor: La justicia laboral se lavó las manos

En medio de un conflicto que mantiene a alrededor de 20 trabajadores sin poder ingresar a sus puestos hace más de un mes, el juzgado laboral decidió declararse incompetente a través de un tecnicismo y no resolver cual es el convenio de trabajo aplicable a los empleados.

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Luego de que el abogado de la firma D+D hiciera todos los esfuerzos posibles por entablar una negociación con el sindicato de Camioneros y tras haber solicitado el llamado a conciliación obligatoria en el ministerio de trabajo –quienes también se declararon incompetentes-, el letrado, Maximiliano Palladino, acudió al juzgado laboral para  solicitar una declarativa de certeza, a fin de que sea la justicia la que determine cuál es el convenio colectivo aplicable a los trabajadores de la firma distribuidora de productos ARCOR.  Vale recordar, que el sindicato de Camioneros se apostó en la puerta de la distribuidora hace más de un mes, reclamando el traspaso de los empleados de  hacía su esfera de representación e impidiendo desde aquel momento toda actividad en el lugar.

En tal sentido, el Dr. Palladino, en entrevista con ActivaTDF, señaló que las partes se encuentran muy firmes en sus posiciones y, pese a que han mantenido buen dialogo, no han podido acordar, con lo que estima que la única instancia de resolución pasa por la intervención de la justicia laboral. Sobre ello, explicó que el juzgado de trabajo se declaró incompetente por dos razones: primero, que el piquete de camioneros se da en la vía pública y que ello concierne a otra competencia judicial y segundo, que al no mediar relación estrictamente laboral entre las partes –Camioneros y D+D- no es de su incumbencia dirimir en el pleito, todo ello, pese a que lo que se está discutiendo es el encuadre sindical de los trabajadores.  Si bien Palladino reconoció que se trata de argumentos legalmente válidos, estimó que el juzgado laboral se valió de estos tecnicismos para no resolver el fondo de la cuestión y subrayó que esa resolución lejos de promover una conciliación entre las partes provoca un estado de incertidumbre aun mayor que profundiza la virulencia del conflicto. Más aun, luego de que el propio ministerio de trabajo señalara que era tarea del juzgado dirimir la cuestión y que mediare el dictamen de un fiscal en idéntico sentido.

A consecuencia de ello, el letrado promovió la acción de amparo por violarse el derecho constitucional de la empresa a comerciar libremente –Art 14 de la constitución Nacional – tanto ante el juzgado laboral como ante el juzgado civil, para la cual, el primero resolvió su rechazo y se hallan a la espera de la resolución del segundo.

Por otra parte, ha promovido una acción de carácter penal, fundada en la turbación del uso de la propiedad, lo que ya ha tenido por efecto en Ushuaia que cese la medida de Camioneros en la sede de la distribuidora en esa ciudad. Al respecto, Palladino aclaró que de ningún modo están a favor de criminalizar el accionar del sindicato, pero media la responsabilidad de su parte de llevar a cabo toda acción a su alcance para de que los trabajadores de D+D puedan retornar a sus tareas habituales y minimizar las pérdidas de la empresa que hace más de treinta días ha visto interrumpida sus actividad por el accionar  coactivo de Camioneros.

El conflicto mantiene en vilo a una más de una veintena de trabajadores, quienes además hoy cargan con la posibilidad de que la empresa cierre ante la prolongación del conflicto, irresponsablemente y por razones desconocidas, ninguno de los órganos del estado designados por la ley para resolver este tipo de conflictos hace suya la responsabilidad de poner orden a las circunstancias. Nuevamente, queda al descubierto que quienes imponen su voluntad por atropello se hacen acreedores de prerrogativas que van por sobre el sano cumplimiento de la ley.