Juicio de residencia a Ríos: el tribunal de cuentas estaría cerca de resolver

El tribunal de cuentas de la provincia ha avanzado en la recolección de la documentación necesaria a fin de emitir resolución acerca del otorgamiento de licencias gremiales durante la gestión de Fabiana Ríos.

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  En el marco del juicio de residencia promovido por el gobierno de Rosana Bertone contra la ex gobernadora Fabiana Ríos, por el otorgamiento de  licencias y permisos  gremiales a representantes de  sindicatos no reconocidos a nivel nacional, el tribunal de cuentas de la provincia se encuentra pronto a emitir resolución sobre la regularidad del sistema de  licencias a partir del registro provincial de entidades sindicales.

  Fruto de la denuncia  presentada por el entonces Ministro de Gobierno, Dr. Gastón Díaz y el Secretario de Gobierno, Javier Eposto, y mediante  la cual promovían el juicio de residencia contra la Gobernadora Ríos, el tribunal de cuentas de la provincia,  luego de avocarse durante más de una año a la tarea de recabar la documentación necesaria, se hallaría en condiciones de determinar si hubo un manejo irregular en el otorgamiento de licencias y permisos gremiales y si ese hecho provocó un perjuicio económico a la provincia.

  El registro provincial de entidades sindicales  que la ex gobernadora  constituyó por decreto, tenía como fin promover la organización de los trabajadores y asegurar la libertad sindical y, tal como argumentó la propia Ríos, se trató  de la instrumentación de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que había declarado inconstitucional el art. 31  de la ley 23.551. Dicha norma, indica que la representación de los trabajadores es exclusivamente ejercida por  los sindicatos con personería gremial y que solo tales organizaciones pueden llevar adelante medidas de fuerza, intervenir en negociaciones colectivas y en consecuencia, gozar de licencias y permisos gremiales.

  Según había fallado la Corte, esa exclusividad y las dificultades que tenían los trabajadores para intervenir en los anquilosados organismos sindicales, iba en contra del ejercicio del derecho constitucional de los obreros a organizarse y ser representados. Con ese norte filosófico, permitieron que las simples asociaciones sindicales -que habían presentado el amparo- ejerzan la representación en iguales condiciones que las que poseían personería gremial. (ver)

  A partir de este antecedente y luego de extensas tratativas con organizaciones obreras, Fabiana Ríos creó el registro provincial  de entidades sindicales y  permitió que las que se hallaran inscriptas gozaran de los mismo privilegios que las reconocidas por imperio de la ley nacional. Por supuesto, esto generó una considerable ampliación de las licencias y permisos sindicales y, con ello, el pago de sueldos a personas que no asistían a trabajar.

La denuncia

  La denuncia de Díaz y Eposto, hacía justamente hincapié en este punto para asegurar que se le había generado un  perjuicio económico a la provincia, puesto que señalaban que no correspondía el ejecutivo  provincial modificar por decreto el alcance de una norma  dictada por el congreso de la nación y mucho menos otorgar licencias en base al mismo.

  Según manifestaba el por entonces el Ministro de gobierno, Gastón Díaz, no se atacaba la creación del registro sino el otorgamiento de licencias, que generaba que muchos empleados públicos no cumplan con sus funciones, provocando que el estado deba cubrir esos puestos y por lo tanto destinar mayores erogaciones a los servicios públicos. Del mismo modo, se planteaba que el pago de licencias  a los representantes de asociaciones simplemente inscriptas no correspondía y que además no se respetó tope de horas de licencias con goce de haberes  a los sindicatos con personería gremial.

   En otras palabras, Díaz decía que era ilegal poner en pie de igualdad a las asociaciones con y sin personería gremial, ya que eso es parte de una norma nacional y, como tal, solo el congreso tiene la potestad de modificarla, dejarla sin efecto o disminuir su alcance. A partir de ello, toman por ilegales las licencias y de allí la acusación sobre Ríos de generarle un perjuicio a la provincia.  A eso, se sumó el reclamo por el exceso de permisos a los representantes de los sindicatos con personería -como ATE y SUTEF-, que superaban ampliamente el máximo de horas de licencias con goce de haberes permitidas.

El juicio de residencia

  El juicio de residencia es un mecanismo constitucional por el cual se obliga a los funcionarios de cargos electivos, ministros,  secretarios y subsecretarios a permanecer dentro de la provincia hasta tanto se determine su responsabilidad por hechos económicamente perniciosos para la provincia. Dicho mecanismo, se instrumenta en el ámbito del tribunal de cuentas de la provincia, que se encarga de resolver en tales cuestiones. Asimismo, existe otra norma constitucional de importancia para el caso. Se trata del Artículo 188 de la constitución provincial, que dispone que los funcionarios sean personalmente responsables por sus actos al frente de la administración, por lo que en este caso Ríos debería enfrentar con su patrimonio  los daños ocasionados a la provincia.

La cuestión política

  Sin dudas, la cuestión de fondo tiene que ver con la orientación política diferente que existe entre los gobiernos de Fabiana Ríos y Rosana Bertone.  Para la primera era de suma importancia garantizar la representación sindical y con ello el pleno ejercicio de los derechos de los trabajadores, mientras que Bertone tiene una mirada plenamente economicista orientada a tornar más eficientes los recursos provinciales, aun cuando ello implique avanzar sobre derechos adquiridos de los trabajadores.

  En los próximos días, el tribunal de cuentas definirá si Ríos provocó o no un perjuicio a la provincia, fallando sobre un asunto que está más relacionado con diferencias ideológicas que con la existencia de dolosas irregularidades.