Modificación a la ley 607, el detalle de la polémica

Jueces jubilados buscan que se anule la incompatibilidad para ejercer la abogacía en el fuero del juzgado que estuvo a su cargo, mientras que los abogados matriculados se oponen. El representante del colegio público de la profesión en Río Grande, José Rodas, brindó distintas versiones sobre su postura ante el proyecto y desató la polémica.

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  La ley  607 es la que regula el ejercicio profesional de la abogacía  en la provincia y como tal, enumera requisitos e incompatibilidades para desarrollar la actividad. Una de las incompatibilidades que presenta la norma, es aquella que impide que jueces y funcionarios judiciales jubilados ejerzan la profesión dentro del fuero del juzgado que estuvo a su cargo durante los 4 años posteriores a su retiro.  Es decir, un juez o un secretario de uno de los juzgados civiles, por ejemplo, no pude desenvolverse en causas de esa índole en la provincia durante 4 años. Recientemente, la asociación que nuclea a los jueces y funcionarios de la provincia presentó un proyecto de ley para la modificación de este punto en particular, de modo que un juez o funcionario pueda, inmediatamente después de haberse jubilado, comenzar a ejercer como abogado ante aquel juzgado del que fue  responsable hasta el día anterior. Cabe destacar, que en el articulado actual la prohibición no rige para otros fueros, sino solo para aquel en el que ejerció funciones el magistrado, con lo que bien pueden los ex jueces o funcionarios ser parte ante todos los otros juzgados donde no trabajaron.

 El proyecto generó una gran controversia con varias aristas. Por un lado la discusión propia del proyecto, que a todas luces resulta perniciosa para los abogados matriculados y va en contra de la seguridad jurídica de los ciudadanos; y por otro, la confusa actuación del actual presidente del colegio de abogados de Río Grande, quien entre dimes y diretes ha despertado profundas suspicacias entre aquellos a los que representa.

 

  El proyecto según la asociación de magistrados y funcionarios judiciales de Tierra Del Fuego.

juez Guillermo Penza

  Según manifestó en varios medios locales el Dr. Guillermo Penza, titular de la asociación, no existe motivo alguno para impedirles a los jueces jubilados que ejerzan la profesión en el fuero en el que fueron magistrados. Para Penza, la prohibición cuestiona  la moral de los jueces y la honorabilidad de los empleados judiciales y a su entender no es razonable. El juez laboral, reconoce que el fundamento de la prohibición sería que la presencia de un ex juez o funcionario como parte  provocaría una desigualdad de condiciones entre los litigantes, no obstante, señaló que no hay motivos para creer que la estructura judicial pudiera responder a los intereses de los ex magistrados y sostuvo que la presencia de un nuevo juez garantiza eso de alguna manera. La idea del Dr. Penza es que un juez que estuvo a cargo durante varios años (hasta su jubilación) de un juzgado, inmediatamente después de retirarse pierde influencia sobre esa estructura y que la imparcialidad del nuevo juez y los funcionarios en ningún modo puede ser afectada por ese hecho. Además, Penza señaló que no existió discusión parlamentaria sobre ese punto cuando se sanciono la ley, lo que según entiende, reafirma la carencia de fundamentos para la prohibición.

 La postura de los abogados.

Dr. Gastón Díaz

   Luego de conocida la presentación del proyecto, mediando el silencio por parte del titular del colegio público de la profesión en Río Grande y ante la defensa de la iniciativa que el ex juez Penza hizo en distintos medios de comunicación, varios abogados matriculados, entre ellos el Dr. Gastón Díaz (ex presidente del Colegio) manifestaron su desacuerdo con la modificación. Díaz señaló que la incompatibilidad no cuestiona la moral de los ex magistrados ni de los funcionarios sino que, al contrario, resulta un resguardo de eso, puesto que impide que se generen suspicacias tanto sobre el ex juez o funcionario devenido en letrado particular como sobre la propia estructura judicial. Sin perjuicio de esa apreciación, el abogado señaló que la quita de la prohibición representa dos peligros a tomar en cuenta. Por un lado sostuvo que afecta de sobremanera a los matriculados que se inician en el ejercicio, puesto que deberían competir en iguales condiciones con quienes ya estuvieron a cargo de la estructura judicial en la que se desarrolla el juicio, donde seguramente cualquier cliente se inclinaría a la preferencia por quien, más allá de sus aptitudes técnicas, podría obtener mejores resultados a través de su influencia. Si bien Díaz reconoció que no necesariamente esa influencia exista –aunque de hecho es muy probable- el punto está en la preferencia del cliente, en lo que el cliente pueda pensar ante la opción de brindarle su caso a un “excelente abogado recién iniciado  o a un ex juez, pese a que tal vez no sea mejor en sus aptitudes técnicas”. En ese sentido, sostuvo que existe una desigualdad que va en contra del desarrollo de la profesión y que torna tortuoso el camino de

Dr. Francisco Giménez

aquellos que se inician en el ejercicio de la abogacía. En igual sentido, el Dr. Francisco Giménez, también abogado de la matrícula, llamó a tomar en cuenta que un ex juez cobra una jubilación promedio de 150 mil pesos y que esa capacidad económica permite una soltura que los convierte en una competencia desleal para quienes se inician en la profesión.

 

  Por otra parte, Díaz dijo que la quita de la incompatibilidad pone en peligro a los propios ciudadanos, quienes al presentarse ante juzgado “podrían encontrarse con que el abogado de la contraparte es quien hasta hace un mes era  juez en ese juzgado”. En tales circunstancias, obviamente la capacidad económica del ciudadano toma vital importancia, puesto que lo más probable es que un ex juez fije honorarios más altos, lo que establecería una proporcionalidad directa entre la capacidad económica del litigante y sus posibilidades de prosperar en sus pretensiones.

  “Al ciudadano le tiene que interesar esto, porque el ciudadano que tiene su abogado particular que no tiene ese grado de influencia dentro del juzgado y va a la audiencia y se encuentra con que el abogado de la otra parte es quien fue el juez hasta no hace mucho tiempo, no va a tener muchas posibilidades”, expresó Díaz en FM La Isla.

Una ley a medida

Estudio Lucca y Bierbrauer

  La discusión en torno a esta modificación fue develando distintas internas, sobre todo en lo que respecta al Colegio Público de Abogados de Río Grande, que revelaron el interés de una ex funcionaria judicial en ejercer la abogacía dentro del fuero en el que trabajaba.

  Se trata de la Dra. Sandra Lucca,  ex-secretaria del juzgado de instrucción Nº1- y subrogante en el Nº 2- quien tiene un estudio Jurídico junto al Dr. Walter Bierbrauer, actual tesorero del Colegio de Abogados. Asimismo, trascendió la manifestación de varios profesionales acusando la presencia de Lucca en carácter en abogada en el juzgado donde fue secretaria y expresiones que denuncian su actuación velada detrás de la firma de otro colega.

Sandra Lucca
Dra. Sandra Lucca

  Ante estas circunstancias, vale traer a colación el antecedente del juez Héctor Ochoa, quien estando a cargo del juzgado de instrucción Nº 2 de Río Grande (DJN) ofrecía servicios de representación a través de su socio el Dr. Matías Zanello. Casualmente, la propia Lucca participó como funcionaria en los allanamientos practicados en la casa del Juez en el marco de esa causa que finalizó con la destitución del magistrado.

 

 

La actuación de Rodas

Dr. José Rodas

  Cómo si todo este entramado de intereses encontrados no fuera lo suficientemente enredado, la actuación del presidente del Colegio Público de Abogados le puso un triste condimento a la discusión, pues lejos de brindar certezas y seguridades, dijo y se desdijo respecto del tema y hasta se vio desmentido en los medios por los propios representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios judiciales.

  En el inicio de la defensa del proyecto, el Dr. Penza, de la asociación de magistrados, dijo en Radio Fueguina que la iniciativa contaba con el aval de los colegios públicos de abogados, específicamente, que él mantuvo una conversación con el titular del colegió de abogados de Ushuaia, mientras que el Dr. Ernesto  Löffler, vicepresidente de la asociación, hizo lo propio con Rodas; en ambos casos, según Penza, los representantes de los profesionales se manifestaron a favor.

  Las declaraciones de Penza tomaron por sorpresa a los profesionales de la matrícula en Río Grande, quienes inmediatamente solicitaron una toma de postura por parte del Colegio de Abogados y que el presidente aclare lo dicho por Penza; Rodas, negó ante sus representados que haya sabido algo sobre el tema y convocó a una reunión para el viernes 4 de agosto. Además, acusó al Dr. Fernando Lapadula, otro de los abogados que opinó en los medios, de hacer correr información falsa a través de un canal común que tienen los matriculados (grupo de whatsapp). Lapadula por su parte, respondió a las acusaciones señalando que hace 45 días que el colegio tiene conocimiento del proyecto, ya que llegó a través de un correo electrónico que envió una secretaría de la legislatura y señaló que le consta que Rodas sabía de la iniciativa. Asimismo, recordó que Penza lo dejó en evidencia en sus declaraciones y dijo, sin más, que Rodas mintió. Esto quedó probado con los propios dichos de Rodas en el noticiero local, donde no sólo afirmó que conocía del proyecto de la asociación de magistrados sino inclusive que “una ex funcionaria del juzgado de instrucción, que se matriculó hace poco,  acercó un segundo proyecto para que sea evaluado”. Todo parece indicar  que se trata de la ex secretaria Sandra Lucca, quien, como dijimos más arriba, fue acusada  por varios profesionales de ejercer en ese juzgado por interpósita persona. Lapadula , del mismo modo que Francisco Giménez, Señaló que los jueces se jubilan a los 55 años, con ingresos muy superiores a los cien mil pesos, mientras que un abogado particular cobra una jubilación cercana a los 20 mil pesos a los 65 y agregó, “en una provincia donde los magistrados y funcionarios acceden a una jubilación a una edad plena laboralmente y entran al mercado a competir con colegas cobrando arriba de cien mil pesos, por supuesto que afecta y el Colegio tiene que ejercer una función Gremial, hay una posición que mantener en defensa del interés de los que ejercemos y vivimos de esto”.

Por su parte, el Dr. Díaz Concluyó, “Los que entienden cuál fue la discusión difícil sobre este artículo en el 2003 (cuando se sanciono la ley  607) los colegas con más experiencia, son los que plantean que esta ley está hecha a medida y que lo que hay que hacer es poner en evidencia esto y poder evitar situaciones de injusticia en el equilibrio que tiene que haber entre todos los abogados al momento de ejercer la abogacía.

El viernes 4 de agosto se reunirán los matriculados locales en la sede del Colegio Público de Abogados de Río Grande, donde se discutirá la postura de la asociación de cara al proyecto que próximamente tratará la legislatura.