En declaraciones a FM La Isla, el secretario legal y técnico de la municipalidad de Ushuaia, Cesar Molina, se refirió a la presentación junto al municipio de Río Grande una denuncia ante el STJ por el incumplimiento de la provincia en la remisión de los fondos de coparticipación persiguiendo la regularidad.
“El objetivo principal es obtener certeza en relación a la remisión de los fondos, tanto de coparticipación federal como la recaudación provincial y regalías hidrocarburíferas”, expresó el abogado.
Molina señaló que los municipios están brindando servicios, entre los que mencionó el mantenimiento de calles y la construcción del polo sanitario como ejemplo, con costos que se pagan en tiempo y forma y “tener una situación de deuda de 470 millones como se tiene con relación al municipio de Ushuaia, nos impacta directamente en el funcionamiento y en la autonomía que, como municipio, se tiene que garantizar. Nosotros como funcionarios tenemos la obligación de garantizar y defender las autonomías y la autonomías también implican certeza en los recursos”, dijo.
Asimismo, expresó que “Tanto el municipio de Ushuaia como el Municipio de Río Grande estamos reclamando ni más ni menos que el envío en tiempo y forma de los montos que le corresponden a los municipios en función de lo que ya ingresó a la Provincia” y explicó, “la Nación diariamente gira dinero de coparticipación, que las provincias luego giran lo que corresponde a los municipios y para esa obligación hay un plazo y, por más que no tengamos una ley, tiene que ser dentro un plazo razonable, ese vacío que tenemos al no tener una ley de coparticipación se llenó en su momento con el dictado de una sentencia como consecuencia de una acuerdo entre los tres municipios y la Provincia”.
En tal sentido, el abogado señaló que en el caso de la coparticipación federal los fondos deberían estar disponibles en no más de 7 días desde que son remitido por la Nación y detalló que en Ushuaia hay meses que la plata que ingresa de Nación representa el 75 % de la masa dineraria con la que se dispone para liquidar obligaciones, con lo que los atrasos (de alrededor de 40 días) que ya han acumulado 470 millones complican el funcionamiento del municipio.
El funcionario señaló que no entienden como arribaron a este punto y sostuvo que antes de acudir ante el STJ se realizaron varios pedidos tanto formales como informales.
“No estamos reclamando dinero que no le haya ingresado a la Provincia, estamos reclamando sobre los montos que nos corresponden por ley en función de lo que ingresa a la Provincia, ni siquiera estamos discutiendo la coparticipación de los ATN, s que la Nación le giró al Gobierno, eso quedó afuera de la presentación a pesar de que públicamente el gobernador había anunciado que esos fondos iban a ser coparticipados a los Municipios”, explicó y detalló que hasta el momento la deuda equivale a un 20% del presupuesto anual de Ushuaia.
Además, dijo que Las ley prevé ante incumplimiento de resoluciones judiciales una sanción económica que se denomina “astreintes” que es de carácter diario (se cobra por día de atraso), aunque hizo la salvedad de que ello es potestad del STJ y que en otras oportunidades ha resuelto no aplicarlos. Según expresó, la fiscalía de Estado tendrá un plazo de entre 3 y 5 días para contestar el requerimiento de los municipios y señaló que esperan una resolución favorable dentro de los 20 días.
Finalmente afirmó que el “acuerdo firmado ante el STJ es ley para las partes, se tiene que cumplir y no hay ninguna razón para que no se cumpla, ya que la Nación envía diariamente los fondos a las provincias”.
