La conducción del sindicalismo logró aunar posiciones para oponerse al proyecto oficial que modificaría la legislación de los trabajadores, priorizando esta pulseada por sobre la definición de sus futuras autoridades.
La Confederación General del Trabajo (CGT) celebró este jueves una asamblea de su cúpula, convocada de manera extraordinaria para delinear una estrategia común. El encuentro, que reunió a las principales facciones internas, tuvo como telón de fondo dos cuestiones cruciales que mantienen en vilo a la central obrera: la futura reforma laboral prometida por el Ejecutivo y la elección de sus propios dirigentes, prevista para la primera semana de noviembre.
Fue una jornada donde primó la pragmática necesidad de cohesionar fuerzas. Las distintas vertientes que componen el máximo organismo sindical acordaron, de manera tácita, postergar los debates inherentes a la sucesión en la cúpula. El consenso emergente indica que, frente a la amenaza externa, cualquier disputa por el poder interno resulta un lujo que el movimiento no puede permitirse. La unidad de acción se erigió así como el principal capital político para la compleja pulseada que se avecina.
La señal desde la Casa Rosada ha sido clara y determinante para esta tregua interna. El Gobierno ha comunicado su intención de impulsar una profunda modificación de la normativa laboral tan pronto como se renueve la composición del Congreso Nacional, es decir, a partir del próximo mes de diciembre. Este anuncio ha operado como un catalizador, forzando a los sectores gremiales a cerrar filas y presentar un frente cohesionado.
De este modo, la definición sobre quiénes conducirán los destinos de la central en el próximo período ha quedado subordinada a la necesidad imperiosa de organizar la resistencia contra la iniciativa gubernamental. La CGT, en un movimiento estratégico, ha decidido que su batalla prioritaria no es interna, sino en defensa de lo que considera conquistas históricas de los trabajadores, las cuales podrían verse afectadas por el nuevo marco legal que se pretende implementar. El escenario queda planteado para un enfrentamiento de gran magnitud entre el sindicalismo y la administración nacional.
