El Dr. Ernesto Löffler explicó los alcances del fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia, que le pone fin a los polémicos edictos policiales, violatorios de las garantías constitucionales de los ciudadanos. Pese a largos reclamos se mantenían vigentes en la provincia y permitían a la policía detener ciudadanos por sospecha de estado de ebriedad y hasta por “portación de cara”, como muchas veces han denunciado organizaciones de derechos humanos. Ya no será posible por la declaración de inconstitucionalidad de parte de la Corte fueguina, y la Legislatura deberá trabajar en un nuevo código contravencional. El voto de Löffler se basó en “la posibilidad que tenemos como Superior Tribunal de Justicia de dictar la inconstitucionalidad de oficio de normas que son contrarias a la Constitución”, dijo, y aclaró que con esto “no se ha vaciado a la policía de poder, porque tiene herramientas que le atribuyen el código penal y los códigos de procedimientos para reprimir el delito”. Lo que no puede hacerse es detener a una persona que “no está cometiendo ningún delito por un presunto estado de peligrosidad, porque vivimos en un Estado de derecho”, sentenció.
Río Grande.- El juez Ernesto ‘Nené’ Löffler dio detalles por Radio Provincia del fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia que puso fin a los edictos policiales, que permitían la detención por sospecha de peligrosidad, o simplemente por deambular en estado de ebriedad, aunque la persona no estuviera cometiendo ningún delito.
Fue uno de los grandes cuestionamientos que estallaron en el caso Oscar Vouillez en 2004, presuntamente detenido por esta causa, desaparecido por un mes y encontrado muerto en la zona de la planta de tratamiento de Río Grande. La sucesión de casos similares de personas de distintas edades detenidas por “portación de cara”, como denunciaron tantas organizaciones de derechos humanos que reclamaban la derogación de los edictos, llevó años de debate sin más resultado que una ley de la Legislatura cuya aplicación está suspendida.
El juez Ernesto Löffler fue contundente al señalar que “una persona en estado de ebriedad no puede ser detenida. Nosotros vivimos en una república, esto significa división de poderes y cada uno de ellos tiene asignada una función esencial por la Constitución. El rol del Legislativo es dictar normas, el Ejecutivo debe ejecutarlas y el Judicial debe juzgar si son compatibles con la Constitución. Tierra del Fuego era la única provincia que todavía no había declarado la inconstitucionalidad de los famosos edictos policiales que fueron dictados a fines de la década del ’50 por la Jefatura de Policía. Acá tenemos claramente la intromisión de un poder, ejerciendo facultades de otro”, sostuvo.
“El contenido del edicto requiere de una ley formal, y previa a la imputación que se le hace a una persona. Esa ley la debe dictar el Poder Legislativo, no el jefe de policía. Esto ya fue señalado por la Corte Suprema de Justicia en la década del ’50 y sentó el precedente frente a los edictos policiales que habían sido sometidos a su consideración y eran violatorios de los artículos 18 y 19 de la Constitución de ese momento. La Corte dijo que no había ley previa y estaba prohibida la delegación legislativa, porque no se puede delegar en el Ejecutivo la posibilidad de crear tipos contravencionales. Esa función la debe ejercer el Legislativo y desde aquel entonces la Corte venía sosteniendo la inconstitucionalidad de este tipo de normas”, recordó.
En su caso personal, como flamante miembro de la Corte fueguina, puso de relieve que “uno tiene que ser coherente entre lo que opina en la academia con lo que opina en la jurisdicción, y ya en el manual de la Constitución comentada que presentamos hace poco tiempo junto a tres profesores de la Universidad de Ciencias Empresariales, veníamos señalando que este tipo de normas eran inconstitucionales”.
“Tuvimos la oportunidad de expedirnos y ya había un proyecto que planteaba la inconstitucionalidad en el primer votante, el segundo votante había acompañado y básicamente el trabajo mío estuvo vinculado con la posibilidad que tenemos como Superior Tribunal de Justicia de dictar la inconstitucionalidad de oficio de normas que son contrarias a la Constitución”, explicó de su voto.
fuente: provincia 23
