En una entrevista para FM La Isla, la presidenta del IPVyH, Laura Montes, habló duramente de la falta de definiciones del Gobierno nacional y cómo esto afecta a la situación habitacional en la provincia.
En diálogo con FM La Isla, la presidenta del IPVyH Laura Montes, habló sobre cómo atraviesan la actual situación nacional que implica poner en pausa toda la proyección, inversiones, soluciones habitacionales, modificación de leyes: “Estamos en una situación de incertidumbre, porque a nivel nacional es lo que sentimos por la falta de respuestas, nombramientos de responsables que puedan llevar a cabo lo administrativo”.
“Nosotros, en enero fuimos y estaba la secretaría de Vivienda que dependía de Capital Humano, ahora pasó a depender somo subsecretaría a Economía. Hoy no existen personas responsables, por lo cual seguimos esperando alguna bajada de línea, aunque sea la más oscura”, preocupó.
“Que nos digan si bajan los convenios vigentes, los convenios de financiamiento podrían darse de baja y argumentar que es por la marcoeconomía, la decisión de no avanzar con la obra pública. Una vez que se da de baja con nación, se hace responsable a las provincias para que puedan o no terminar sus viviendas o infraestructuras”, insistió la presidenta del IPV.
En este sentido, fue consultada por la paulatina transformación del IPV como inmobiliaria y manifestó: “Ya lo dije antes del balotaje, que el IPV se iba a convertir en una inmobiliaria social. Hoy se tiende a ver al Estado, a las instituciones, como empresas del Estado que deben ser redituables y rentables porque sino no tienen razón de ser”.
“Ese nunca fue el espíritu, entonces es muy difícil para los trabajadores del IPV y la gente, ver que una institución que ha urbanizado Tierra del Fuego, donde más del 50% de los habitantes tienen una solución habitacional del IPV, que hoy haya otros parámetros para cumplir nuestro rol”, criticó duramente.
En cuanto a lo último que bajó nación, Montes señaló que solo llegó parcialmente a octubre del año pasado. “A partir de noviembre hubo una escalada enorme de precios y en mano de obra en construcción, con lo cual los índices de redeterminación tanto en las obras propias, se ha desfazado muchísimo. Por lo cual, todo lo que vayamos a reiniciar va a tener que ser bajo la figura de renovación de contrato”.
“Nosotros teníamos proyectadas casi 2.200 casas que se licitaron el año pasado, que estábamos esperando las no objeciones financieras. Eso quedó todo en la nada, no se continuó con la parte administrativa”, alertó.
“También con estas nuevas políticas nacionales de eliminar la obra pública, con la definición de un nuevo rol que todavía no se define la línea, hoy por hoy no la tenemos. Pero nosotros sí, internamente, estamos trabajando en la reestructuración de nuestras áreas, para diversificar nuestro rol y ver la posibilidad de poder alquilar, los convenios de ocupación, sobre todo para equilibrar la demanda”, señaló Montes.
La estructura del trabajo también cambió en el actual panorama: “En principio teníamos como parámetro la antigüedad de inscripción, ahora también vamos a incorporar la capacidad económica de la gente para acceder a un lote o vivienda.
“También en el marco de que el IPV debe reinvertir, tenemos que modificar nuestras políticas y reglamentarías. Hasta hace 5 años atrás las viviendas ni siquiera se indexaban las cuotas, ya se cambió la reglamentaria de recupero, las viviendas pueden indexarse. Lo que permite al IPV a invertir esas cuotas en más viviendas, porque hoy hay 5 mil adjudicatarios y un promedio de recupero de 50 millones”, concluyó.
