El Concejal de Río Grande -mandato cumplido- realizó una presentación ante la justicia provincial solicitando que se declare inconstitucional la ley provincial 1529, que declara la necesidad de la reforma y subsidiariamente la nulidad del decreto 1656/24 mediante el cual el Gobernador Melella convocó a elecciones, argumentando defectos insanables en la ley y la ante datación ilegal del decreto.
El concejal de Río Grande mandato cumplido, Paulino Rossi, se presentó ante la justicia para solicitar la declaración de inconstitucionalidad de la ley de reforma constitucional aprobada el año pasado y el decreto que convoca a elecciones para la convención constituyente, dado a conocer por el Gobierno de la Provincia el lunes pasado, según reza el escrito, por “considerarlo ilegitimo al sustentarse en un procedimiento nulo, vulnerándose el principio de legalidad, el debido proceso adjetivo, el principio de congruencia, el principio de verdad material y el de amplitud probatoria, adoleciendo entonces de vicios, al haber introducido en el mismo una fecha falsa y ser suscripto por la Ministra de Obras Públicas la Sra. Gabriela Castillo, no teniendo facultades para suscribir el mismo conforme Ley de Ministerio Nº 1511.
Asimismo, Rossi afirmó en su escrito que la ante datación del decreto configura el delito de falsedad ideológica, contenido en el Art. 293 del Código penal, y pidió que se notifique a la fiscalía del Dr. Eduardo Urquiza.
Respecto de la ley 1.529, Rossi alegó que se incumplió con la determinación del plazo para el llamado a elecciones, el cual debería estar incluido de manera específica en la ley y no como denegación al Gobernador, como sucedió en este caso. “De la redacción del artículo 4º de la ley, surge claramente que la legislatura delegó al Poder Ejecutivo la potestad de convocar a las elecciones, atribución que la Constitución Provincial le reserva exclusivamente”, dice el escrito, tras lo cual, alega que la ley estaría caduca.
Más abajo, se ocupa de la cuestión de los plazos, tópico que ya fue objetado en la presentación que realizó el legislador Jorge Lechman la semana pasada a partir de la cual el STJ dictó la medida de suspensión del llamado a elecciones, señalando –de la misma manera que Lechman- que el vencimiento del plazo operó el 26 de julio -día del apagón en Ushuaia- mientras que el decreto de convocatoria se conoció recién el lunes 29.
Por otra parte, Rossi objetó que no se haya determinado en el texto de la ley 1529 la asignación de los fondos para la realización de la convención, cuestión que la Constitución ordena sea incluida, sumando otra razón por la cual la ley sería inconstitucional.
“Es fundamental subrayar que esta delegación de facultades no es viable, ya que la atribución para la creación y asignación de partidas presupuestarias es una responsabilidad exclusiva del Poder Legislativo. La sorpresa y el despropósito es aún mayor al observar que, en el momento del dictado del Decreto N°1656/2024, referido al presupuesto de la Convención Constituyente, nuevamente se omite este requerimiento esencial, en su artículo 3, el cual se limita a: «Imputar el gasto que demande el funcionamiento de la convención, a las partidas presupuestarias correspondientes»; dice el escrito.
Como último argumento al pedido de inconstitucionalidad, afirma que debe incluirse en la ley de manera obligatoria el lugar donde tendrá lugar la primera reunión de la convención, cuestión que también fue omitida en el texto de la ley 1.529.
Respecto de decreto 1656/24, el concejal mandato cumplido afirmó que la fecha fue adulterada, señalando que el corte de luz general que sufrió la capital Provincial por 16 horas el viernes 26, impidió el dictado del mismo en tiempo y forma, motivo por el cual se habría incurrido en la adulteración de la fecha, cuestión sobre la que solicitó se informe a la fiscalía a fin de que determine si se cometió o no un delito y solicitó medidas de prueba, entre ellas una pericia informática y la remisión de los boletines oficiales en los que deben estar publicados tanto el decreto como la ley. Vale resaltar que el sistema Decoley, mediante el cual el Gobierno Provincial publica el boletín oficial, no estuvo en funcionamiento durante el fin de semana entre el 26 y el 29 de julio pasados.
