En una reciente resolución, el juez Manuel Isidoro López, junto al secretario Dante Peñalver Rodríguez, se pronunció sobre la acción de habeas corpus presentada por el legislador Pablo Gustavo Villegas, presidente del Comité de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura. La acción, registrada como Nro. 7569/2024, busca abordar las críticas sobre las precarias condiciones de alojamiento en la Alcaidía Central de Ushuaia y sus anexos.
El Comité denunció situaciones de hacinamiento extremo, solicitando un límite máximo de 24 internos por unidad para cumplir con estándares internacionales. Asimismo, instó a que, en un plazo de 90 días, se ajuste el número de internos y se prohíban nuevos ingresos hasta que se resuelvan las deficiencias en las condiciones de detención.
Durante la inspección de las instalaciones, se confirmó la gravedad de la situación: muchos internos duermen en el suelo o sobre colchones deteriorados, en espacios inadecuados. Un informe del equipo evaluador de la Dirección de Infraestructura del Superior Tribunal de Justicia reveló serias deficiencias en la infraestructura, como instalaciones eléctricas obsoletas y la falta de medidas de seguridad contra incendios.
Aunque el juez López rechazó la medida cautelar solicitada por el Comité, sí dio lugar a la acción de habeas corpus en relación con las condiciones de hacinamiento y seguridad. El fallo incluye la orden de trasladar a los internos del Pabellón N° 1 de Ushuaia en un plazo de 180 días, con una verificación judicial prevista a los 120 días. Además, el Poder Ejecutivo Provincial deberá iniciar la construcción de un nuevo establecimiento penitenciario en un plazo de 30 meses, asegurando que cumpla con las normativas de seguridad vigentes.
El magistrado hizo un llamado a la colaboración de los tres poderes del Estado, instando a que cada institución aporte herramientas para abordar esta problemática carcelaria. Subrayó la importancia de contar con recursos para la construcción de nuevos lugares de alojamiento y propuso la utilización de alternativas no penalizantes para evitar la privación de libertad en aquellos casos que lo permitan.
Este fallo se da en un contexto de creciente preocupación por las condiciones de detención en el sistema penitenciario provincial, tema que ha sido objeto de un informe especial publicado por Diario Prensa Libre en septiembre de 2023, así como de constantes críticas de organismos de derechos humanos y de la comunidad en general. La necesidad de reformar y mejorar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad es más urgente que nunca.
