El Gobierno nacional ha decidido intervenir a siete cooperativas eléctricas, entre ellas la Cooperativa Eléctrica de Río Grande en Tierra del Fuego, en un contexto donde el sector enfrenta una deuda total de $325.000 millones por energía despachada no cobrada. Esta medida se produce en el marco de un esfuerzo conjunto entre la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes).
Cammesa, que opera en el centro del negocio energético del país, busca reestructurar un sistema marcado por tarifas en aumento y la eliminación de subsidios, en línea con la política de déficit cero del gobierno de Javier Milei. La intervención llega en un momento crítico, donde la tensión entre las autoridades y las empresas generadoras, transportadoras y distribuidoras de electricidad es palpable.
Entre las cooperativas afectadas, se encuentran las de Villa Gessell, Las Flores, Olavarría, 9 de Julio, y Tres Arroyos, todas de la provincia de Buenos Aires, junto a la mencionada Cooperativa Eléctrica de Río Grande, Tierra del Fuego y la de Gualeguaychú en Entre Ríos. De acuerdo con los datos oficiales, estas siete cooperativas acumulan una deuda de $53.000 millones.
Mario Cairella, vicepresidente ejecutivo de Cammesa, subrayó la importancia de que todas las entidades cumplan con sus obligaciones: “Cammesa está luchando para que las tarifas sean justas, pero para eso todos tienen que pagar. No es justo que la gente pague, las cooperativas no, y que el Estado deba asumir esos costos a través de impuestos o emisión”.
La intervención se presenta como un paso crucial para garantizar la equidad en el sistema eléctrico argentino, en un escenario donde la sostenibilidad del mercado depende de la regularización de las deudas acumuladas por las cooperativas.
