El ministro de Defensa firmó una resolución que separa del servicio a exintegrantes del Ejército con sentencias firmes por delitos cometidos durante la última dictadura. La medida generó rechazo en sectores castrenses y críticas de grupos afines a los represores, mientras el gobierno asegura que solo cumple con una orden judicial.
El ministro de Defensa, Luis Petri, tomó una decisión que sacudió los cimientos de las Fuerzas Armadas: firmó la baja de 23 militares con condenas firmes por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983). La resolución, que se enmarca en el cumplimiento de una orden judicial, desató un fuerte malestar en sectores de la familia castrense, que hasta ahora había visto con buenos ojos la gestión del funcionario mendocino al frente del edificio Libertador.
La medida, formalizada a través de la Resolución 2025-72, afecta a ex altos mandos del Ejército, entre los que se encuentran nombres emblemáticos por su participación en delitos aberrantes durante el régimen militar. Entre los implicados figuran Eduardo Rodolfo Cabanillas, condenado a prisión perpetua por crímenes en Automotores Orletti; Pascual Guerrieri, sentenciado por su rol en el Batallón de Inteligencia 601; y Federico Minicucci, exjefe del regimiento de La Tablada. Sin embargo, el nombre que generó mayor controversia fue el del coronel retirado Horacio Losito, quien cuenta con tres condenas por crímenes de lesa humanidad y fue homenajeado hace un año en el regimiento de Apóstoles como un «héroe» de la Guerra de Malvinas, ignorando la prohibición de rendir honores a represores.
La decisión de Petri no tardó en encender los ánimos en sectores afines a los militares condenados. Cecilia Pando, activista y referente de grupos que defienden a represores, calificó la medida como una «resolución que desgarra el alma» y acusó al gobierno de «arrodillarse» ante lo que consideró «pedidos ilegítimos de la corporación judicial». Desde su cuenta de X (antes Twitter), Pando criticó duramente la decisión, olvidando la foto en la que posó sonriente junto al ministro en el Círculo Militar.
Por su parte, desde el Ministerio de Defensa intentaron calmar las aguas y explicaron que la medida no fue una decisión unilateral, sino el cumplimiento de una orden judicial. A través de un comunicado, la cartera que dirige Petri señaló que las bajas responden a una disposición del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal, que obliga a separar del servicio a todo personal militar con sentencias firmes por violaciones a los derechos humanos. «Las bajas mencionadas no responden a una decisión unilateral de este Ministerio, sino a una orden del Poder Judicial», aclararon.
Reacciones en cadena
La noticia de las bajas se propagó rápidamente entre los grupos de WhatsApp de militares retirados, donde circularon listas con los nombres de los afectados. Según la Ley de Personal Militar, la baja implica la pérdida del estado militar, lo que significa que los implicados ya no serán considerados parte de las Fuerzas Armadas. Una fuente castrense precisó que, tras la medida, las esposas de los militares separados recibirán una pensión equivalente al 70% del sueldo, pero los viudos y divorciados quedarán sin ningún tipo de beneficio.
Desde la asociación Justicia y Concordia, que agrupa a abogados defensores en causas de lesa humanidad, arremetieron contra la decisión y acusaron al gobierno de ceder ante lo que consideran una «justicia politizada». En un mensaje publicado en redes sociales, el grupo afirmó que «una medida de esta naturaleza podía esperarse durante el gobierno kirchnerista», al que acusaron de utilizar la justicia como «instrumento de venganza».
La sombra de Malvinas y la memoria incompleta
Uno de los puntos más sensibles de la resolución es la inclusión de Horacio Losito, quien no solo tiene tres condenas por crímenes de lesa humanidad, sino que también integró la misma compañía de comandos que el padre de la vicepresidenta Victoria Villarruel durante la Guerra de Malvinas. Su homenaje en 2022 como «héroe» de Malvinas generó un fuerte rechazo en organismos de derechos humanos, que recordaron que está prohibido rendir honores a quienes cometieron delitos durante el terrorismo de Estado.
En este contexto, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Marcelo Rozas Garay, intentó justificar la medida y aseguró que desde el inicio de la gestión se trabaja por una «memoria completa». «Cumplir una sentencia firme es respetar los valores de la República», escribió en X, en un intento por apaciguar las críticas internas.
¿Una decisión selectiva?
Aunque desde el Ministerio de Defensa insisten en que la medida responde a una orden judicial, fuentes cercanas a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) revelaron que Petri solo avanzó con la mitad de las solicitudes de baja que habían girado. «Solo los de Ejército que pedimos son más del doble de los que están en esa resolución», señalaron, lo que sugiere que el ministro habría priorizado a quiénes separar del servicio.
Mientras tanto, la sombra de la destrucción de documentación en la Armada, que podría incluir papeles vinculados al período 1976-1983, sigue generando controversia. El abogado querellante Pablo Llonto ya solicitó que Petri sea citado a declarar por este hecho, lo que podría complicar aún más la situación del ministro.
La decisión de Petri, aunque respaldada por la ley, deja en evidencia las tensiones que aún persisten en las Fuerzas Armadas y en la sociedad argentina respecto a cómo abordar el legado de la última dictadura. Mientras algunos celebran la medida como un avance en la búsqueda de justicia, otros la ven como una afrenta a la «memoria completa» que reclaman los sectores más conservadores.
