Legisladores y funcionarios chocan por el futuro productivo de la provincia, mientras crece la desconfianza hacia el Gobierno nacional.
El legislador Matías Lapadula (Provincia Grande) volvió a encender la polémica en torno al desarrollo acuícola en Tierra del Fuego, tras las declaraciones del subsecretario de Pesca provincial, Marzioni, quien aseguró que el proyecto oficial no incluye salmonicultura «en los términos prohibidos en 2022». Sin embargo, el legislados cuestionó la falta de transparencia: «Desconozco el proyecto del Gobierno porque no lo hicieron público ni lo enviaron a la Legislatura», dijo por FM La
Isla.
El debate resurge en un contexto de tensiones con el Gobierno nacional, acusado por Lapadula de impulsar políticas contradictorias. «Hace cinco años este mismo Gobierno no hizo nada por la acuicultura, y ahora, de repente, lo prioriza. ¿Casualidad? Es un pedido de Sturzenegger, un ministro que ha trabajado contra los intereses de nuestra provincia», afirmó el legislador. Marzioni, en cambio, insistió en que la iniciativa se enfoca en «acuicultura responsable», descartando granjas de salmón en el Beagle, aunque mencionó posibles zonas en el Atlántico Sur y lagos no protegidos.
«No es no al desarrollo, sino cómo se hace»
Lapadula aclaró que no se opone a diversificar la matriz productiva, pero exigió garantías ambientales y planificación. «El problema no es la acuicultura en sí, sino las reglas. No confío en un Gobierno que improvisa y cuyos funcionarios hoy apoyan lo que ayer negaban», sostuvo. Criticó además la viabilidad técnica de cultivar salmones en el norte fueguino: «Las mareas lo hacen inviable. Parece una excusa para habilitar proyectos insostenibles».
El legislador recordó que, durante su gestión en el municipio de Río Grande, se impulsó un proyecto de cría de truchas en tierra —con tecnología de bajo impacto— que no avanzó por falta de escala y financiamiento. «La ley actual no lo permite, pero tampoco hubo voluntad política para modificarla. Hoy podríamos tener una industria consolidada», lamentó.
OSEF y presiones empresariales: otros frentes de conflicto
Lapadula también tocó el tema de la obra social provincial (OSEF), cuyo proyecto de reforma —impulsado por el oficialismo— genera rechazo en sectores laborales. «El Gobierno evade debatir su propuesta en serio. Quieren parches, como siempre: más impuestos a los trabajadores para tapar déficits estructurales», denunció.
Sobre las demandas de empresas para reducir impuestos locales —como ingresos brutos y tasas de verificación—, Lapadula fue contundente: «Es extorsión del Gobierno nacional, que presiona a las provincias para cumplir con el FMI. Pero Tierra del Fuego no puede ceder: nuestro régimen industrial está en la mira». Advirtió que el decreto que recortó beneficios a la industria electrónica fue «solo el inicio» de un desmantelamiento planificado.
«No nos distraigamos: defiendan la provincia»
En un llamado a la unidad, el legislador pidió no subestimar la crisis: «Las consecuencias se verán a fin de año. Esto no es solo sobre salmones o tasas: es una pulseada por nuestro futuro económico». Su advertencia resonó en sintonía con reclamos sindicales y empresariales que, en privado, ya hablan de despidos masivos si no hay rectificaciones.
Mientras el oficialismo provincial insiste en que «no habrá salmonicultura dañina», la desconfianza crece. Lapadula lo resumió: «Sin estudios serios y consenso social, cualquier proyecto será visto como una imposición de Buenos Aires. Y eso Tierra del Fuego no lo tolerará».
