Una mujer de Río Grande reclama por demoras en la derivación domiciliaria de su hijo, cuestiona la habilitación de un enfermero involucrado en un mal procedimiento y denuncia que la obra social solo cubre el 40% de su alimentación especial.
Roxana Godoy, una madre de Río Grande, enfrenta un nuevo obstáculo en su lucha por llevar a su hijo con discapacidad de vuelta a casa. A pesar de haber coordinado con anticipación el traslado en ambulancia y contar con autorizaciones de tránsito, el proceso se vio interrumpido por un imprevisto administrativo. Según relató, la Obra Social del Estado (OSEF) exigió a último momento la verificación de matrículas del personal de enfermería, lo que retrasó la derivación.
Entre los reclamos más graves, Godoy señaló que uno de los enfermeros asignados previamente a su hijo habría ejercido con una matrícula irregular. «Este mismo hombre le hizo un mal procedimiento hace dos años y medio, y ahora supe que está trabajando en Tolhuin, pese a que no debería estar habilitado», denunció. Confirmó que presentó una denuncia formal a través de abogados, pero desconocía cómo el profesional sigue activo en otra empresa de salud.
Además, cuestionó que la obra social solo cubra el 40% del costo de la alimentación especial que su hijo requiere debido a su condición: parálisis cerebral, uso de respirador artificial, botón gástrico y colostomía. «El Observatorio Fueguino y el médico tratante prescribieron la dieta, pero en OSEP no tienen claridad sobre qué incluye el plan», explicó. Aunque su hijo figura en el empadronamiento de personas con discapacidad —lo que garantizaría cobertura total—, el trámite sigue sin resolverse después de más de un año de gestiones.
El caso ya había sido difundido en mayo de 2023, cuando Godoy expuso las dificultades para acceder a cuidados adecuados durante la pandemia. Ahora, pese a tener todo listo para la derivación (empresa contratada y enfermeros asignados), la falta de un documento de la Escuela de Enfermería local —que acredite a una de las cuidadoras— volvió a postergar el regreso a su hogar. «Solo quiero que mi hijo esté en casa con las condiciones que necesita», afirmó, visiblemente angustiada.
Desde el sistema de salud no hubo declaraciones oficiales sobre los señalamientos, pero fuentes cercanas al caso admitieron que «hay demoras en las auditorías de matrículas». Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos acompañan a la familia para agilizar las respuestas. La alimentación y la habilitación del personal sanitario siguen siendo los puntos críticos de un calvario que, para Godoy, parece no tener fin.
