El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, acusó a un grupo de 24 oficiales de conspirar junto al excomisario Maximiliano Bondarenko, ahora candidato libertario. Investigaciones revelaron coordinación con el gobierno nacional y planes para desestabilizar la fuerza.
Un presunto complot al interior de la Policía Bonaerense sacudió esta semana al gobierno de Axel Kicillof, luego de que el ministro de Seguridad, Javier Alonso, denunciara que un grupo de oficiales actuaba en coordinación con el excomisario Maximiliano Bondarenko, recientemente designado como candidato a diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA). Las pesquisas judiciales y administrativas revelaron un entramado que, según las autoridades, buscaba desestabilizar la conducción actual de la fuerza.
La trama salió a la luz tras una denuncia anónima recibida por Asuntos Internos de la policía, apenas se conoció la postulación de Bondarenko en la tercera sección electoral. El exoficial, egresado de la promoción 94, tuvo una carrera meteórica dentro de la institución, con seis ascensos en apenas ocho años. Sin embargo, su ambición siempre estuvo orientada hacia la política: tras pasar por Cambiemos y militar junto al radical Facundo Manes, dio un giro hacia el libertarismo y en abril de este año solicitó su baja voluntaria, despidiéndose con un emotivo video frente al Ministerio de Seguridad.
La investigación descubrió que un núcleo de agentes, muchos de ellos pertenecientes a la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, operaba bajo las órdenes de Bondarenko. Según Alonso, este grupo recababa información sensible, elaboraba proyectos y mantenía contactos con el Ministerio de Seguridad de la Nación, liderado por Patricia Bullrich. La hipótesis que maneja el gobierno provincial es que existía un plan para forzar una intervención federal en la policía, desplazar a sus actuales autoridades y tomar el control de la institución.
Las pruebas recogidas en allanamientos realizados el martes por la tarde confirmaron los indicios. En computadoras y oficinas policiales se hallaron documentos vinculados a la campaña de Bondarenko, algunos firmados por él mismo o con el logo de LLA. Entre los materiales intervenidos, también habría mensajes alusivos al levantamiento policial ocurrido en Misiones, lo que reforzaría la teoría de un intento de golpe interno.
El escándalo tomó un giro político cuando Bullrich recibió a Bondarenko en su despacho, acompañado por Sebastián Pareja, operador clave de Karina Milei en la provincia. La ministra intentó minimizar los hechos, sugiriendo que los agentes habían sido desplazados simplemente por compartir un asado con el excandidato. Sin embargo, terminó admitiendo su relación con Bondarenko: «Hace tiempo que trabajamos juntos», reconoció, mencionando la colaboración del excomisario en temas de seguridad.
La retórica del gobierno nacional apuntó a desacreditar la investigación, presentándola como una «caza de brujas». Bullrich acusó a Kicillof de «inútil» y de «estar del lado de los delincuentes», mientras Bondarenko insistió en que solo se trataba de encuentros casuales. Sin embargo, desde La Plata rechazaron esas versiones: «No los persiguen por un asado, sino por usar recursos públicos para fines políticos», afirmaron fuentes cercanas al gobernador.
El caso ya está en manos de la Justicia provincial, y Alonso subrayó que la normativa policial prohíbe expresamente la actividad partidaria dentro de la fuerza. Mientras tanto, el episodio alimenta la tensión entre el gobierno bonaerense y la administración nacional, en un clima electoral donde la seguridad se perfila como uno de los temas centrales.
Para Kicillof, el mensaje fue claro: «Hay normas, hay leyes y hay que respetarlas». Pero el impacto político de este affaire aún está por verse, en un escenario donde cada gesto puede inclinar la balanza.
