El director por los activos de la obra social provincial respondió a las acusaciones de legisladores y sindicalistas, asegurando que el verdadero problema es la falta de recursos y no la administración. Cuestionó el uso político de la salud y destacó avances en negociaciones con laboratorios.
En medio de crecientes cuestionamientos por parte de legisladores y representantes gremiales, Franco Tomasevich, director por los activos de la Obra Social de los Empleados Fueguinos (OSEF), salió al cruce de las críticas y defendió la gestión del organismo. En una entrevista, calificó de «circo mediático» los señalamientos sin denuncias formales y aseguró que el Tribunal de Cuentas —ente contralor del Estado— audita regularmente a la obra social.
Tomasevich respondió en particular al legislador Bondartusen, quien anunció controles sobre OSEF: «Nos controla el mismo órgano que a todo el Estado. Si hay irregularidades, que las presenten en la Justicia o ante el Tribunal de Cuentas, pero hasta ahora no hubo ninguna denuncia concreta», afirmó. Cuestionó que algunos actores tengan «un discurso para los medios y otro para la Legislatura», y recordó que, en las reuniones oficiales, «no supieron señalar un solo problema específico».
Sobre las diferencias en los precios de fármacos —señaladas por la sindicalista Elvia Agüero (ATE)—, Tomasevich aclaró que los aumentos responden a la inflación general del sector: «El descuento para OSEF siempre fue del 99%, pero los laboratorios subieron sus precios un 500% en el último año». Destacó que la obra social logró acuerdos con laboratorios —incluso mejores que los del gobierno provincial— y adelantó que la semana próxima habrá nuevas negociaciones para mejorar condiciones.
El director insistió en que el problema central es la insuficiencia de fondos, vinculada a los bajos salarios de los afiliados: «Si los trabajadores no pueden pagar un alquiler, menos aún sus aportes a la obra social». Celebró la reciente ley que obliga a todos los estatales —incluyendo al Poder Judicial— a contribuir, pero advirtió que «falta discutir una solución integral». También mencionó la deuda de 6 mil millones de pesos del RUPE, cuyo cobro —ahora habilitado— podría aliviar las finanzas.
Tomasevich denunció que OSEF «se usa como carnada política» y defendió a los empleados del organismo: «Es fácil hablar desde afuera, pero aquí hay gente trabajando con compromiso, incluso fuera de horario». Reconoció que, por presiones mediáticas, debió desvincular a seis trabajadoras —una decisión ratificada por plebiscito interno—, pero rechazó que fuera por cuestiones de género: «Fue una situación injusta, pero ajena a su sexo».
Cerró pidiendo «debates sinceros, no titulares»: «Si hay denuncias, que se formalicen; si el problema es presupuestario, que se presenten proyectos. Con la salud no se juega». Y remarcó: «Mientras algunos buscan votos, nosotros seguimos negociando con laboratorios y pagando deudas para que los afiliados tengan cobertura».
Con la mira puesta en las elecciones, la polémica por OSEF parece lejos de apaciguarse, pero Tomasevich dejó claro que no dará «marcha atrás en lo actuado».
