La medida afecta a 268 postulantes, en su mayoría egresados de universidades extranjeras. Profesionales denuncian una campaña de estigmatización y advierten sobre el desmantelamiento del sistema de residencias.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este jueves la anulación de los exámenes de los aspirantes a residencias médicas que obtuvieron más de 86 puntos, bajo el argumento de haber detectado «patrones anómalos» en los resultados. La decisión, que obligará a reprogramar las pruebas, recayó sobre 268 postulantes, de los cuales 149 se graduaron en instituciones foráneas y 119 en universidades argentinas.
Durante la conferencia, Adorni sostuvo que las calificaciones superiores a 90 puntos resultaron «llamativas», especialmente al compararlas con el rendimiento histórico de egresados de la Universidad de Buenos Aires, cuyos promedios suelen oscilar entre 80 y 90. Sin embargo, sus declaraciones derivaron en cuestionamientos al validar diferencias entre profesionales formados en el país y aquellos provenientes del exterior, lo que fue interpretado como un discurso xenófobo por parte de la comunidad médica.
Reacciones y acusaciones de discriminación
Franco Capone, residente del Hospital Penna, calificó la medida como un retroceso institucional. «Se modificó el contrato de los residentes sin aviso, convirtiéndonos en becarios. Ahora, se desconoce un examen que ya había sido aprobado», denunció. Además, comparó el proceso de selección con Los Juegos del Hambre, debido a la escasez de vacantes en especialidades como dermatología y neurocirugía, y atribuyó el problema a la falta de inversión estatal.
Capone exigió la conformación de una comisión investigadora independiente, integrada por residentes y académicos, en lugar de permitir la intervención gubernamental. «Es otra estrategia para vaciar las residencias y atacar a quienes reclaman mejoras», afirmó, al tiempo que anunció una asamblea para evaluar medidas de fuerza, incluyendo un paro y una movilización contra el sistema de becas y en rechazo a la xenofobia.
Mariana Rueda, psicóloga residente e integrante de la Comisión Provincial de Residentes, coincidió en señalar una campaña de desprestigio. «Es un intento por deslegitimar nuestro trabajo y desincentivar el ingreso a las residencias», afirmó. También criticó cambios abruptos en los contenidos del examen, como la eliminación de perspectivas de género, y atribuyó las irregularidades en las correcciones a una maniobra política.
La salud pública en la mira
Los profesionales coincidieron en alertar sobre un clima de hostilidad hacia los médicos extranjeros, evidenciado en políticas como el cobro de atención en algunas provincias. «Sin ellos, el sistema colapsaría. Atienden tanto en barrios vulnerables como en clínicas privadas», remarcó Capone. Rueda, por su parte, subrayó que los ataques contra las residencias forman parte de una estrategia más amplia para debilitar la salud pública.
El conflicto reavivó el debate sobre las condiciones laborales de los residentes y la necesidad de ampliar la cantidad de cupos. Mientras el Gobierno insiste en irregularidades académicas, los profesionales preparan una respuesta unificada que, aseguran, incluirá una fuerte condena a la discriminación y la defensa de un sistema sanitario inclusivo.
