Universidades, sindicatos, movimientos sociales y trabajadores de la salud convergen en el Congreso para rechazar el veto a la ley de financiamiento. Advierten sobre un colapso del sistema y exigen a los diputados que defiendan el presupuesto educativo.
Las casas de estudio superiores de la nación vuelven a ocupar el centro de la escena. La mecha de la protesta se enciende una vez más, preparando el terreno para una tercera movilización federal este miércoles, que se anticipa tan multitudinaria como sus predecesoras. A la convocatoria de los gremios docentes y las federaciones estudiantiles se adherirán los profesionales y residentes del Hospital Garrahan, los sindicatos de la CGT y las dos CTA, los movimientos sociales y, con la regularidad semanal que los caracteriza, las agrupaciones de jubilados frente al Congreso.
El reclamo unificado de la comunidad académica es el repudio al veto presidencial a la norma de financiamiento educativo, una ley que aseguraba los recursos indispensables para evitar el colapso de las facultades, garantizar el funcionamiento de las cátedras, recuperar el poder adquisitivo de los salarios docentes y proveer condiciones dignas para el estudio. “No a los vetos. Sí a la Universidad y la Salud Pública”, será la consigna que unificará a la protesta.
Todos los manifestantes mantendrán su atención puesta en lo que ocurra dentro de la Cámara de Diputados, donde la oposición intentará conseguir la media sanción para rechazar el veto de Milei. «La convocatoria será masiva y federal. Las calles del Congreso y las principales plazas del país rebosarán de docentes, estudiantes, médicos, residentes, jubilados y compañeros de todos los gremios. Esas multitudes, que a nosotros nos conmueven, deberían ser suficientes para que los legisladores que votaron a favor del financiamiento hace un mes no cambien su postura ahora por la presión gubernamental. Vamos a observarlos de cerca. Esperamos que escuchen el clamor popular», resumió Francisca Staiti, Secretaria General de la Conadu Histórica.
La ley de financiamiento educativo había recibido un amplio consenso en ambas cámaras. La media sanción en Diputados, a principios de agosto, logró 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones. Sin embargo, los números para alcanzar los dos tercios necesarios —casi un mes y medio después y con los refuerzos de la Rosada tras la derrota electoral en Provincia— no están garantizados. «Los diputados tienen la oportunidad de hacer historia con la enorme responsabilidad de garantizar una universidad pública de calidad», afirmó Jorge Anró, Secretario Adjunto de la Federación Argentina del Trabajador de Universidades Nacionales (FATUN).
Golpeado por los resultados electorales y ante la posibilidad de que el Congreso le rechace otro veto, el Presidente anunció un incremento de las partidas para las universidades en el marco de la presentación del presupuesto 2026. En cadena nacional, Milei declaró que el gasto proyectado para las universidades alcanzará los “4,8 billones de pesos”. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) destacó que ese monto dista de ser suficiente y, por el contrario, “consolida el ajuste sobre el sistema universitario”.
Lejos de desalentar la protesta, el anuncio presidencial produjo el efecto inverso. «Tras la cadena nacional, en la que se ratificó el ajuste y se comunicó que el presupuesto para las universidades se mantendrá igual, anticipamos una convocatoria masiva y pacífica. La movilización será un indicador elocuente de la voluntad de un sector mayoritario de la sociedad que desea detener el ajuste», señaló Federico Montero, secretario de Organización de la Conadu-CTA.
Un informe reciente del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de la Conadu cuantificó el ajuste educativo de Milei: desde el inicio de su gestión, las universidades perdieron un 22,5 por ciento de su presupuesto total en comparación con 2023, y los docentes, un 28,1 por ciento de sus ingresos. El documento detalla que, en los primeros cinco meses del año, las transferencias a las universidades nacionales fueron un 22,5% inferiores en términos reales que en igual lapso de 2023. Además, si se cumplen las previsiones de presupuesto y PBI, la inversión se reducirá del 0,72% al 0,43% del Producto anual. En mayo, el cuerpo docente percibió un 28,1 por ciento menos que en noviembre de 2023. La comparación con noviembre de 2015 revela una caída del 46,1 por ciento.
Las Becas Progresar, que recibieron un préstamo del BID cuyo destino se desconoce, perdieron un 43,5 por ciento de su poder adquisitivo en los últimos dieciocho meses. La inversión en capital —infraestructura, equipamiento, etc.— fue de apenas un 4 por ciento de lo ejecutado en 2023. En términos globales, considerando otras instituciones, la inversión en Ciencia y Tecnología cayó un 30 por ciento.
Ante la falta de recursos, la UBA informó este martes que, a partir de esta semana, comenzó a implementar «medidas de crisis para garantizar su funcionamiento hasta fin de año». Entre otras disposiciones, se resolvió «la no utilización de los servicios de acondicionamiento de aire (frío-calor) en los edificios de la Universidad, con excepción de los hospitales universitarios para la atención de pacientes»; «la utilización de los ascensores únicamente para personas con movilidad reducida» y «la no utilización de los servicios de gas en las calderas de los edificios universitarios». Lo más crítico, al parecer, aún está por venir.
Protestas en todo el país
La convocatoria para este miércoles —respaldada por un paro de 24 horas— tendrá su epicentro en los alrededores del Congreso desde las 17. Hasta allí arribarán los gremios y las organizaciones, que convocan desde diversos puntos de la Ciudad. La Conadu concentrará desde las 14.30 en Sáenz Peña y Avenida de Mayo. El acto central está previsto para las 18 horas. Todo se gestó mediante clases públicas, paros escalonados y una intensa campaña para que nadie se prive del derecho a manifestarse.
La FUA, naturalmente, participará de la jornada. Convoca a partir de las 14.30 en Avenida de Mayo y San José. “Todos debemos estar en las calles porque el veto presidencial no es solo contra una ley: es contra millones de estudiantes, docentes, trabajadores y contra el futuro de la Argentina», expresó Joaquín Carvalh, presidente del gremio estudiantil.
La CGT, las dos CTA y los movimientos sociales engrosarán las columnas. “Esta CGT estará en el Congreso acompañando a las organizaciones de la salud, a la comunidad universitaria, sindicatos, movimientos sociales y fuerzas políticas en el reclamo colectivo a favor de la salud y la educación pública. Ambas leyes vetadas son producto del consenso alcanzado entre amplios sectores de nuestra sociedad, por eso instamos a las diputadas y diputados a que insistan en su validez”, afirmó la central obrera en vísperas de la protesta.
Los trabajadores del Hospital Garrahan confirmaron su presencia en la manifestación, donde exigirán a los diputados que rechacen el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica.
Las movilizaciones se replicarán en todo el territorio nacional. En Córdoba, la convocatoria partirá del campus universitario y avanzará hacia el centro de la ciudad. En Rosario, la marcha comenzará a las 16 desde la Plaza San Martín con rumbo a Puerto Joven. En Mendoza, la concentración está pactada para las 15 en la Universidad Nacional de Cuyo.
