El presidente firmó una autorización excepcional para que efectivos de Estados Unidos realicen ejercicios militares en Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Belgrano. La medida, que evade la aprobación del Congreso, genera fuertes críticas por la entrega de soberanía y pone en la mira las negociaciones financieras con el gobierno de Trump.
En una decisión que ha encendido las alarmas constitucionales y geopolíticas, el presidente Javier Milei autorizó mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el ingreso de tropas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para realizar ejercicios militares en territorio argentino. La medida, publicada en el Decreto 627/2025, elude el control parlamentario y se produce en el marco de una creciente cercanía con la administración de Donald Trump, incluyendo una nueva reunión bilateral programada en la Casa Blanca para mediados de octubre .
El operativo, denominado «Tridente», está programado para desarrollarse entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre en las bases navales de Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Belgrano, con un costo estimado de 60,2 millones de pesos para la Armada Argentina. Según el decreto presidencial, el ejercicio busca «intercambiar procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre fuerzas especiales para operar en escenarios complejos que exigen coordinación multinacional» .
La Armada de los Estados Unidos participará con una dotación de su equipo de élite Navy Seal, mientras que por la Argentina intervendrán dos unidades de Fuerzas Navales Especiales, la Agrupación Comandos Anfibios y la Agrupación de Buzos Tácticos, además del patrullero oceánico ARA Bouchard, una lancha rápida y un helicóptero SH-3 Sea King, conformando una tripulación total de unos 120 efectivos navales .
Una decisión con cuestionamientos constitucionales
El mecanismo elegido por el Ejecutivo genera serias objeciones de carácter institucional. La Constitución Nacional y las leyes vigentes establecen que la entrada y salida de tropas del territorio nacional debe contar con la aprobación del Congreso, un trámite que el gobierno de Milei evitó al emitir un DNU .
El propio decreto reconoce que el Congreso no otorgó la autorización luego de que el Ejecutivo enviara «oportunamente» un proyecto con esa solicitud que fue ignorado. Ante esta situación, la norma argumenta que «la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional», aunque no especifica cuál sería esa excepcionalidad concreta .
Esta no es la primera vez que el gobierno de Milei utiliza decretos para decisiones de alto impacto institucional. Anteriormente, el presidente ya había roto récords en la emisión de DNU, lo que motivó que la Cámara de Diputados avanzara con un proyecto para limitar esta facultad .
Rechazo político y preocupación soberana
La medida ha desatado un inmediato rechazo en diversos sectores, particularmente en la provincia de Tierra del Fuego. El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, advirtió: «Tierra del Fuego no es moneda de cambio para sus fines electorales. Es la puerta de entrada a la Antártida, es el territorio que protege nuestra reivindicación sobre las Malvinas y sobre todo, es nuestra casa. No vamos a permitir que se use para fines que vulneren nuestros derechos y nuestra historia» .
En la misma línea se pronunció el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien fustigó: «Seguimos entregándole soberanía a Estados Unidos, socio estratégico de Gran Bretaña» . Las senadoras provinciales Cristina López y María Eugenia Duré también expresaron su oposición a la medida.
La percepción ciudadana acompaña estas críticas. Una encuesta realizada por Zuban Córdoba sobre 1.500 casos reveló que el 71,5% de los consultados está «en desacuerdo» con que Milei permita una base militar de EE.UU. en Tierra del Fuego a cambio de firmar un acuerdo económico, mientras que sólo el 21% manifestó estar «de acuerdo» y el 7,5% restante «no sabe» .
Trasfondo político y relaciones internacionales
La autorización se produce en un contexto de notable acercamiento entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos. Pocos días después de su viaje a Estados Unidos, donde recibió un fuerte respaldo de Donald Trump, Milei anunció una nueva reunión con el mandatario norteamericano para el 14 de octubre en la Casa Blanca .
Según el Palacio San Martín, el encuentro busca «fortalecer la asociación estratégica entre ambos países», relación que se caracteriza por «una excelente relación bilateral y una sintonía política entre ambos mandatarios». El anuncio destaca que Milei y su delegación se alojarán en Blair House, la residencia oficial reservada para los jefes de Estado visitantes, un gesto interpretado como señal de la estrecha alianza entre ambos gobiernos .
En este marco, desde el peronismo se interpreta que la autorización del ingreso de las tropas responde a una de las condicionalidades que el gobierno de Trump le impuso a Milei para darle respaldo en el marco de la fragilidad financiera imperante .
Ejercicios combinados y cooperación regional
El decreto presidencial también autoriza la salida de tropas argentinas al exterior para formar parte del ejercicio militar «Solidaridad» con Chile, que se realizará en la ciudad de Puerto Varas entre el 6 y el 10 de octubre. Esta operación, que se enmarca en un acuerdo bilateral de 1997, está dirigida a consolidar la cooperación entre ambos países en simulacros de catástrofes naturales para optimizar la ayuda humanitaria correspondiente .
El ejercicio Tridente con Estados Unidos, en cambio, se inscribe en la «experiencia acumulada por las Fuerzas Navales Especiales de ese país en operaciones combinadas, tanto en contextos de combate como en asistencia humanitaria». El Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, lo considera «un recurso invaluable para potenciar nuestras capacidades nacionales» .
Fuentes cercanas a la Armada explicaron que desde la década del noventa, los entrenamientos e intercambios de adiestramiento en operaciones especiales, particularmente de las unidades de las Fuerzas Navales Especiales de la Armada, «representan una prioridad estratégica», como lo muestra la participación de Argentina en el ejercicio multinacional Panamax, desde 2017 .
Mientras el gobierno enfatiza los beneficios de la cooperación militar internacional, las críticas persisten en torno al costo político de eludir las instancias democráticas y ceder espacios estratégicos de soberanía nacional en medio de delicadas negociaciones financieras internacionales.
