La administración libertaria avanza en un plan que busca reemplazar la pauta inflacionaria como referencia en las negociaciones salariales. La iniciativa pretende distinguir entre trabajadores según su desempeño, reservando mejoras reales solo para una minoría «destacada», mientras la mayoría enfrentaría una pérdida sistemática de poder adquisitivo.
El Gobierno nacional se prepara para impulsar una transformación sin precedentes en el sistema de negociaciones salariales. Tras haber logrado durante este año acuerdos paritarios por debajo de la inflación, la administración libertaria avanza ahora en un proyecto que busca institucionalizar un mecanismo de aumentos diferenciados según el rendimiento laboral. La propuesta, gestada en las áreas económicas y de Capital Humano, apunta a reemplazar el tradicional criterio de recomposición ante el alza de precios por uno basado en la productividad individual.
De acuerdo con lo informado por fuentes oficiales, la iniciativa divide a los trabajadores formales en tres categorías. Una primera y mayoritaria agruparía a aquellos empleados con un desempeño considerado insuficiente, caracterizado por un bajo compromiso, escasa adaptabilidad y tendencia al ausentismo. Para este segmento, los aumentos quedarían muy por debajo de la inflación, con el argumento de que deben valorar el contar con un empleo registrado y los beneficios legales básicos.
Un segundo nivel estaría compuesto por trabajadores que cumplen con sus obligaciones de manera regular, sin sobresalir. Este grupo recibiría incrementos más cercanos a la variación del costo de vida, aunque no necesariamente por encima de esta. La categoría superior, en cambio, estaría reservada para una minoría calificada como «merecedora» o «destacada», que sí accedería a mejoras salariales reales. Esta distinción evoca la clasificación implementada durante la gestión de Guillermo Moreno entre productos «masivos», «selectivos» y «premium», aunque ahora aplicada a personas.
La estrategia oficial reconoce el alto riesgo de rechazo generalizado y conflictividad social que podría generar la aplicación abierta de aumentos diferenciales dentro de una misma empresa o sector. Por ello, se contempla una alternativa: en lugar de modificar directamente los salarios, se otorgarían bonos o premios no remunerativos a los empleados más productivos. Esta modalidad ofrece la ventaja de que las sumas fijas no remunerativas no están sujetas a cargas sociales, lo que reduce el costo para los empleadores y asegura que el monto total llegue al beneficiario.
Los fundamentos del plan se basan en la crítica oficial al sistema paritario tradicional, al que acusan de desincentivar el esfuerzo individual al garantizar aumentos generalizados. Según esta visión, el mecanismo actual termina premiando por igual a los trabajadores más y menos aplicados, lo que consideran una distorsión que afecta la productividad general.
No obstante, la iniciativa enfrenta serios cuestionamientos jurídicos. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece el principio de «igual remuneración por igual tarea», un pilar del derecho laboral que podría verse vulnerado por esta segmentación. Si bien varios aspectos de ese artículo han tenido aplicación limitada a lo largo de los años, su invocación anticipa un fuerte debate legal y político.
Este nuevo proyecto se inscribe en la misma línea de la política de «paritarias a la baja» implementada este año, que contó con la aceptación inicial de muchos sindicatos. Dicha aceptación se atribuyó a una combinación de la popularidad inicial del Presidente, la renuencia gremial a la confrontación frontal y la precaria situación financiera de muchas obras sociales, agravada por medidas oficiales.
Con el deterioro de la imagen gubernamental y el resultado electoral de septiembre, el escenario es ahora más complejo. La implementación de este novedoso sistema de paritarias meritocráticas promete encender una polémica de amplio alcance, redefiniendo no solo las relaciones laborales sino también los principios de equidad y protección que históricamente han guiado la legislación del trabajo en la Argentina.
