A pesar de las graves acusaciones y las abrumadoras pruebas que lo vinculan con un capo del narcótico, el gobierno nacional sostiene de manera inexplicable a José Luis Espert como su abanderado en el distrito clave. La decisión desata interrogantes sobre los reales motivos de una alianza que pone en jaque la credibilidad del partido en el poder.
El gobierno nacional persiste en una decisión que genera perplejidad en el arco político y en la sociedad: mantener a José Luis Espert al frente de sus listas en la provincia de Buenos Aires, a pesar de las serias imputaciones que lo señalan como beneficiario de financiamiento proveniente del narcotráfico. Este caso trasciende el escándalo circunstancial y devela los intrincados mecanismos que utilizan las organizaciones criminales para infiltrarse en las estructuras del Estado, amparándose en la protección que otorgan los cargos públicos.
La fenomenal capacidad económica del tráfico de estupefacientes, cuyos volúmenes se equiparan al Producto Bruto de naciones enteras, requiere de complejos circuitos de blanqueo que involucran a entidades financieras, fondos de inversión y corporaciones. Esos mismos recursos sirven para corromper voluntades en los estamentos judiciales, en las fuerzas de seguridad y, fundamentalmente, en el corazón de la actividad política.
No obstante, las campañas antinarcóticos suelen exhibir como trofeos a los eslabones más débiles de la cadena, mientras los grandes beneficiarios y sus conexiones en el poder permanecen en la penumbra. Para potencias consumidoras como Estados Unidos, la batalla debe librarse en territorio ajeno, aun cuando los principales capos residan dentro de sus fronteras.
En este contexto, la figura de José Luis Espert emerge con contundencia. El economista, promotor de la consigna “Cárcel o bala”, fue protegido por La Libertad Avanza para encabezar la competencia electoral en el distrito más poblado de la Argentina. Frente a las acusaciones, su primera línea de defensa fue alegar desconocimiento sobre los empresarios que aportaron a su campaña legislativa en 2019. Sin embargo, su propia jefa de prensa en aquel entonces, Clara Montero Barre, desmintió esa versión, asegurando que el empresario argentino-norteamericano Federico “Fred” Machado se reunió en múltiples oportunidades con Espert e incluso intervenía en el diseño de las estrategias electorales.
Al verse acorralado, el candidato intentó trasladar la responsabilidad hacia el apoderado del partido UNITE, José Bonacci, quien a su vez lo contradijo al afirmar que ignoraba por completo el manejo de los fondos. La fiscalía del Estado de Texas presentó documentación irrefutable que demuestra que Espert recibió, como mínimo, doscientos mil dólares de Machado, además de un avión privado y una camioneta blindada.
Machado enfrenta cargos en los Estados Unidos por liderar una red internacional de narcotráfico, estafas millonarias y lavado de activos. Según las investigaciones periodísticas, bajo la cobertura de su empresa South Aviation, con base en Florida, adquiría aeronaves de manera fraudelenta, falsificaba registros para ocultar su propiedad y luego las destinaba al contrabando de cocaína desde Sudamérica.
La defensa final de Espert consistió en argumentar que esos pagos correspondían a un trabajo de consultoría para una mina en Guatemala. La ironía es que dicha minera también pertenecía a Machado, acusado en ese país centroamericano de lavar dinero del narcotráfico y de realizar minería ilegal. El mismo empresario habría financiado las campañas de los ultraderechistas Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, ambos posteriormente señalados por corrupción.
Quienes conocen a Machado lo describen como un libertario ferviente. Su objetivo, más allá de la afinidad ideológica, era granjearse influencia política. El político que contrae una deuda con el narcotráfico inevitablemente salda esa obligación mediante favores.
En Rosario, ciudad castigada por la violencia del crimen organizado, aún resta investigar a fondo los vínculos entre narcos, políticos y la policía. El actual gobernador, Maximiliano Pullaro, fue acusado por su propia aliada, la senadora Carolina Losada, de negociar con grupos narcocriminales. Cuando investigadores como Marcelo Saín y Nadia Schujman intentaron indagar en esos lazos, fueron judicialmente perseguidos por la administración de Pullaro. Schujman, fundadora de HIJOS en Santa Fe y con una extensa trayectoria en derechos humanos, debió exiliarse junto a sus hijos debido a las amenazas de muerte.
La trama se complejiza aún más: según revelaciones del periodista Sebastián Lacunza, Fred Machado cumple prisión domiciliaria desde hace más de tres años en una mansión propiedad de su primo, Claudio Ciccarelli, pareja de la diputada libertaria Lorena Villaverde, quien en 2017 fue detenida en los Estados Unidos con medio kilo de cocaína.
El abogado que defiende a Machado, Francisco Oneto, es a su vez el representante legal de José Luis Espert y del presidente Javier Milei en diversas causas. Otro libertario convencido. Existe una peligrosa seducción en ese fanatismo anti-Estado que atrae a personajes marginales y delincuentes, como Matías Ozorio, secuaz del “Pequeño J” y acusado por un triple femicidio, descrito como un “libertario fanático” que perdió su capital en la estafa cripto de $Libra, promovida por su ídolo Milei.
A pesar del cúmulo de evidencias proporcionadas por fuentes ajenas al juego político local, como la Justicia estadounidense, y frente a las endebles y poco convincentes explicaciones del propio Espert, el presidente Milei ha optado por mantenerlo al tope de la boleta bonaerense. Se trata de una decisión carente de ética, que al menos debería haber implicado su separación provisional hasta que se dilucide por completo su relación con Machado.
Con la información disponible, Espert se ha vuelto un candidato indefendible ante la opinión pública, un lastre que ahuyenta votantes y empaña la imagen del gobierno. La incógnita, entonces, se traslada al verdadero motivo por el cual el oficialismo decide sostenerlo a toda costa. Si las encuestas ya no eran alentadoras, con Espert como estandarte se precipitarán hacia un abismo.
Un aspecto crucial permanece sin respuesta. Estas elecciones son definitorias, podría afirmarse que son una cuestión de supervivencia para el gobierno. Y la provincia de Buenos Aires representa el territorio de mayor peso electoral. Milei parece dispuesto a inmolarse junto a su proyecto con tal de no ceder en la candidatura de Espert. La estrategia resulta incomprensible. Reemplazarlo sin imputaciones formales habría sido un gesto de prudencia, una señal de honestidad y una demostración de fe en la Justicia. Con otro postulante, las perspectivas electorales serían menos sombrías.
Tampoco puede esgrimirse una relación de amistad inquebrantable. El diputado no goza de una estima generalizada entre sus pares, y quienes alguna vez fueron cercanos no dudan en realizar comentarios desfavorables sobre su persona. Hace unas semanas, durante un acto fallido en Lomas de Zamora, el propio presidente le impidió subir a su camioneta, forzando a Espert a una huida pintoresca en la moto de un simpatizante que, casualmente, también arrastra causas penales por intento de homicidio.
Mientras la exministra Patricia Bullrich se prepara para predicar las bondades de la “seguridad” en apoyo al oficialismo, se verá obligada a explicar por qué el principal candidato de su fuerza en el distrito más importante de la nación está manchado por la sospecha de haber sido financiado por el narcotráfico. Resulta difícil discernir de qué seguridad podrá hablar cuando su entorno inmediato está impregnado de semejante peligrosidad.
