El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la expresidenta, interpuso una acción penal contra el mandatario por considerar que sus declaraciones públicas vulneran la Constitución y la independencia del Poder Judicial.
En un hecho sin precedentes, el presidente Javier Milei enfrenta una denuncia penal por abuso de autoridad tras afirmar en una entrevista televisiva que fue él quien decidió que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner «vaya presa». La presentación judicial fue realizada por Gregorio Dalbón, uno de los abogados defensores de la vicepresidenta, quien sostiene que las palabras del mandatario constituyen una admisión pública de un acto de poder ilegítimo.
La denuncia, formalizada ante la Justicia, se basa en el artículo 248 del Código Penal, que sanciona con prisión e inhabilitación a todo funcionario público que dicte resoluciones u órdenes contrarias a las normas constitucionales o legales. Dalbón subrayó que Milei, al adjudicarse la facultad de decidir quién debe ser privado de su libertad, no solo transgrede el marco jurídico, sino que también vulnera el principio de separación de poderes, consagrado en el artículo 109 de la Constitución Nacional.
Las declaraciones que motivaron la acción legal fueron emitidas durante una entrevista con el periodista Luis Majul, donde el Presidente aseguró: «Soy el primer Presidente que tomó la decisión de que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa». Según el letrado, esta frase no representa una mera opinión política, sino la confesión de una conducta incompatible con el Estado de derecho, al situarse por encima de las atribuciones del Poder Judicial.
Dalbón advirtió, además, que los dichos de Milei podrían habilitar la revisión del fallo de la Corte Suprema en la denominada Causa Vialidad. Fundamentó esta posibilidad en el artículo 366 inciso b del Código Procesal Penal Federal, que permite reabrir procesos judiciales cuando se demuestra que una autoridad influyó de manera ilegítima en las pruebas o en la sentencia.
Frente a estas acusaciones, el mandatario intentó matizar sus palabras al afirmar que no se inmiscuye en los asuntos de la Justicia, aunque reiteró que el peronismo actúa por «venganza» ante su decisión. Milea justificó los errores de su gestión al calificarla como «la más reformista de la historia», pero no logró despejar las dudas sobre los límites entre su autoridad y la independencia judicial.
El caso ha generado un intenso debate en el ámbito político y jurídico, poniendo en evidencia la fragilidad de los mecanismos de control en un contexto de alta polarización. La denuncia contra el Presidente no solo busca una sanción penal, sino también reafirmar el principio de que ningún poder del Estado puede subordinar a los demás.
