El escándalo que forzó la renuncia de José Luis Espert destapó una compleja red de conexiones que liga a Fred Machado con el partido libertario a través de su primo, Claudio Ciccarelli, un ex profesor devenido en empresario minero. La trama se extiende a la candidata Lorena Villaverde –con un pasado judicial– y alcanza al mismo gobierno de Alberto Weretilneck, poniendo en evidencia una maraña de intereses, concesiones y sospechas que sobrevuelan la política rionegrina.
La Sombra de un Primo Teje la Red Tras el Escándalo Libertario
Mientras el humo de la renuncia de José Luis Espert comenzaba a dispersarse, en los pasillos de la Legislatura de Viedma una pregunta persistía: ¿quién es el verdadero hilo conductor que conecta a Fred Machado con La Libertad Avanza, más allá de la efímera candidatura del economista? La respuesta parece anidar en la figura de Claudio Ciccarelli, primo hermano de Machado, señalado por múltiples fuentes locales como su presunto testaferro y cuyo nombre surge como un nexo recurrente en una madeja de intereses políticos y económicos.
Ciccarelli, conocido en su ciudad como «Lechuga», transitó un camino insólito: de instructor de básquet a propietario de un conglomerado de empresas mineras en pocos años. Su ascenso económico, ostentado en redes sociales con fotografías de paisajes patagónicos y mensajes motivacionales, no pasó desapercibido en una comunidad de sesenta mil habitantes. Fuentes consultadas coinciden en que semejante expansión en el complejo sector minero resulta impensable sin un respaldo financiero de peso, una conclusión que muchos traducen sin ambages: actuaría como hombre de confianza de su poderoso pariente.
Este vínculo familiar proyecta la influencia de Machado más allá de las fronteras de su espacio partidario inmediato. Pero la relevancia de Ciccarelli no se agota allí. Su presencia une otro eslabón controvertido dentro de La Libertad Avanza: la diputada nacional y actual candidata al Senado por Río Negro, Lorena Villaverde. En Viedma, Ciccarelli es reconocido como una suerte de asesor muy cercano a la legisladora, existiendo versiones que incluso aluden a un lazo sentimental. Era habitual verlos juntos en actos públicos y entrevistas, donde él ejercía un rol de consejero. Fue, de hecho, quien acompañó a Machado en la presentación del libro de Espert en la ciudad y a cuyo nombre figuraba la patente de la camioneta Grand Cherokee que utilizó el ahora excandidato durante su campaña, un vehículo de propiedad de su primo.
La figura de Villaverde añade capas de complejidad al entramado. Su historial judicial se remonta a 2002, con una detención en Florida, Estados Unidos, por posesión de cuatrocientos gramos de cocaína. Aunque la legisladora insiste en que los cargos fueron desestimados, documentos oficiales contradicen su versión. A esto se suman embargos millonarios por estafas en la venta de terrenos no habilitados en Las Grutas, una investigación por un préstamo irregular del Banco Nación por 295 mil dólares –aprobado pese al rechazo inicial de la sucursal local– y denuncias de compañeros de partido por el robo de boletas electorales. Este curriculum fue tan toxico que provocó la ruptura de la alianza local con el PRO, cuyo referente, Juan Martín, declaró sin rodeos que no se juntarían «con delincuentes, vagos ni paracaidistas».
La trama adquiere una dimensión aún mayor al analizar la inserción laboral y los negocios de Ciccarelli. Ingresó como empleado público en el área de Turismo y Deportes en 2016 y, en 2019, fue designado como «adscripto» en el bloque oficialista de Juntos Somos Río Negro en la Legislatura, que en ese entonces lideraba Facundo López, actual candidato a diputado nacional. Fue precisamente en ese período cuando creó su primera empresa minera. Aunque su último registro como empleado estatal data de 2019, no existen decretos que formalicen su baja, lo que genera interrogantes sobre su situación actual y una posible violación a la Ley de Ética Pública.
Paralelamente, su imperio empresarial crecía a un ritmo acelerado. Según el Observatorio Petrolero Sur, en 2022, Claudio Ciccarelli encabezó la lista de solicitantes individuales de permisos para extraer arenas silíceas en Vaca Muerta, Neuquén, con 117 pedidos, superando incluso a la Compañía de Inversiones Mineras de YPF. A través de sociedades como Gold and Sand y Eco Friendly S.A., obtuvo numerosas concesiones no solo en Neuquén sino también en distintas zonas de Río Negro, como Avellaneda y General Roca.
Esta súbita y exitosa incursión en la minería concentra ahora la atención de los legisladores opositores. Desde el bloque Vamos con Todos, su presidente, José Luis Berros, manifestó su asombro: «Nos llama poderosamente la atención que un empleado público de la noche a la mañana pueda generar una empresa minera y que tenga la autorización del gobierno provincial». La mirada se dirige inevitablemente hacia la candidata oficialista Andrea Confini, pareja del gobernador Weretilneck, quien hasta hace poco estuvo al frente del área de Energía –que incluye Minería– y fue designada directora de YPF. Los opositores buscan determinar si existió un trato privilegiado hacia Ciccarelli por parte de la gestión weretilneckista.
Frente a las acusaciones, Ciccarelli salió al cruce públicamente mediante una carta en sus redes sociales. Negó haber sido acusado de ningún delito, desmintió cualquier relación sentimental con Villaverde y se definió como un emprendedor independiente: «No soy prestador ni financista de campañas políticas, ni presto mi nombre ni mi persona para beneficio de terceros». Sin embargo, omitió toda referencia al vehículo registrado a su nombre que utilizó Espert.
El terremoto político desatado en Viedma demostró que la renuncia de Espert no era el final, sino apenas la punta de un iceberg. Una densa red de conexiones que entrelaza dinero, política pública y sombras judiciales continúa expandiéndose, cuestionando los límites entre los intereses privados, el poder estatal y la conformación de las alianzas electorales. El escándalo, lejos de apaciguarse, promete seguir revelando nuevas y escabrosas aristas.
