Ante el pedido de La Libertad Avanza, el ministro del Interior aseguró que existen fondos sobrantes para costear la modificación de las boletas porteñas. La oposición denuncia un uso político de los recursos en un contexto de ajuste, mientras los tiempos técnicos y un fallo judicial complican la maniobra.
El gobierno nacional manifestó su disposición a destinar una suma millonaria para financiar la reimpresión de las Boletas Únicas de Papel de la Provincia de Buenos Aires. La sorpresiva postura fue formalizada por el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien mediante un escrito dirigido a la Junta Electoral bonaerense detalló que el costo de la operación ascendería a doce mil ciento sesenta y nueve millones de pesos. El funcionario fundamentó la viabilidad económica del pedido al revelar que en la partida presupuestaria destinada a gastos electorales se registra un sobrante de quince mil quinientos millones de pesos, monto que superaría holgadamente el requerido.
La propuesta gubernamental fue recibida con incredulidad y críticas acreces por parte de las demás fuerzas políticas, que interpretan la medida como un intento desesperado de la administración libertaria de eliminar de las boletas el nombre de José Luis Espert, cuyo pasado se vio empañado por denuncias de financiamiento ilegal. La situación generó un contundente rechazo, al contrastar la premura por ejecutar este desembolso sideral con las recurrentes negativas a asignar partidas a sectores sensibles como la salud, la ciencia y la asistencia social.
Una carrera contra el tiempo sin vencedor
Más allá de la polémica por el destino de los fondos públicos, el obstáculo más tangible para concretar la reimpresión es el calendario. La Junta Electoral, integrada por magistrados de peso, hizo público un detallado informe donde expone la inviabilidad operativa de la solicitud. De acuerdo con el cronograma establecido con el Correo Argentino, responsable de la logística, las boletas deben comenzar a distribuirse a partir del próximo 16 de octubre. Considerando que ya se imprimió más del noventa por ciento de los talonarios y que el proceso de control de calidad demanda al menos siete días hábiles, materializar una nueva impresión en su totalidad resulta una meta inalcanzable.
Un revés judicial que complica el tablero interno
Paralelamente, la interna de La Libertad Avanza sufrió un duro traspié en el plano jurídico. El juez Ramos Padilla desestimó el recurso presentado por la alianza para que Diego Santilli ocupe el primer lugar en la lista, desplazando a Karen Reichardt. El magistrado argumentó que, si bien la normativa sobre reemplazos garantiza la paridad de género en los cargos intermedios, la vacante en la cabecera de la lista no altera esta alternancia. Avanzar a Santilli, según el fallo, implicaría relegar a todas las mujeres de la nómina, contrariando el espíritu de la ley que busca promover su participación.
Si bien la resolución es apelable, los plazos se presentan como otro enemigo implacable. Cualquier revisión por parte de la Cámara Nacional Electoral consumiría un tiempo del que no se dispone, tornando abstracta cualquier modificación de las boletas. Ante este escenario, los rumores sobre una posible renuncia de Reichardt para allanar el camino fueron desmentidos oficialmente, cerrando otra puerta alternativa.
En definitiva, la maniobra oficialista para reescribir las boletas se encuentra acorralada. Atrapada entre la imposibilidad logística, un revés judicial que redefine su lista y el rechazo unánime de la oposición, la propuesta de gastar miles de millones para borrar una huella política parece condenada al fracaso, dejando al descubierto las profundas tensiones que recorren el proceso electoral.
