Un Paro Nacional en las Aulas: La Educación Pública en Pie de Lucha

Un Paro Nacional en las Aulas: La Educación Pública en Pie de Lucha

CTERA convoca a un paro docente de 24 horas para el próximo martes en todo el país. El reclamo central es la urgente reapertura de la paritaria nacional y el cese de lo que denominan un «desfinanciamiento sistemático» del sistema educativo, agudizado por el proyecto presupuestario oficial.

El sistema educativo argentino se prepara para una jornada de paralización total. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) hizo pública la convocatoria a un paro nacional de actividades para el próximo martes 14 de octubre, una medida de fuerza que se extenderá por 24 horas y tendrá alcance federal. La decisión, respaldada por los principales gremios del sector, surge como una respuesta contundente ante la falta de diálogo por parte del Gobierno nacional, que hasta el momento no ha emitido la convocatoria formal a la paritaria nacional docente.

Desde la conducción del sindicato, liderada por Sonia Alesso, se argumentó que la medida de fuerza es una consecuencia directa de la política de ajuste, los recortes presupuestarios y lo que califican como un “desfinanciamiento educativo” progresivo. En un comunicado oficial, CTERA reafirmó su compromiso inquebrantable con la defensa de “una escuela pública, de calidad, democrática y federal”, pilares que, según su visión, se encuentran bajo una amenaza constante.

La protesta no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de reclamo creciente. Este mismo miércoles, el gremio docente lleva a cabo una jornada nacional de lucha bajo el lema “La escuela enseña y construye esperanza”, con la realización de clases públicas y radios abiertas para visibilizar el conflicto ante la sociedad.

En la provincia de Buenos Aires, la adhesión al paro es masiva. El Frente de Unidad Docente Bonaerense, una coalición que integra a los sindicatos AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba, ya confirmó su participación en la medida. Estos organismos justificaron la decisión ante lo que perciben como un “recorte salarial y el ajuste” impulsado desde la administración nacional.

El pliego de demandas presentado por CTERA es amplio y de carácter estructural. Los educadores exigen, de manera prioritaria, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo que reemplace a la normativa actual, considerada obsoleta. Asimismo, demandan la inmediata restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), acompañado del pago total de las sumas que se mantienen en deuda. El reclamo también incluye un aumento sustancial del presupuesto educativo general, con fondos específicamente destinados a la urgente reparación y construcción de infraestructura escolar. Finalmente, el petitorio incorpora mejoras salariales y laborales para todo el sector, junto con una firme defensa de los derechos previsionales y las jubilaciones docentes.

El conflicto se enmarca en un escenario de profunda preocupación por el futuro de la educación. CTERA y las entidades adheridas han expresado un rotundo rechazo al Presupuesto Nacional para el año 2026, presentado por el presidente Javier Milei. Los sindicatos han catalogado la propuesta como “un ataque directo a la educación pública”. Este señalamiento se basa fundamentalmente en el artículo 30 del proyecto oficial, donde el Poder Ejecutivo busca derogar la obligación legal que impone al Estado invertir, como mínimo, el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) en el sistema educativo, un piso establecido por la Ley de Educación Nacional 26.206 sancionada en 2006. Para las universidades nacionales, el presupuesto proyecta una asignación de $4,8 billones, una cifra que los gremios consideran insuficiente ante la crisis inflacionaria.

Con las aulas vacías y las calles como escenario, la comunidad educativa se moviliza para defender un modelo que consideran en riesgo. La jornada del martes promete ser un punto de inflexión en un conflicto que trasciende lo salarial y se instala en el debate sobre el rol del Estado como garante de la educación pública.

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