La justicia federal avanza con pruebas contra el diputado libertario, mientras en el Congreso crece el aislamiento y se decreta la clausura de su despacho. El oficialista, acorralado, solicitó una licencia para eludir su remoción.
La crisis política desatada por la causa judicial que investiga los vínculos del diputado José Luis Espert con el narcotráfico mantiene en vilo al Gobierno, sin darle un instante de tranquilidad. Apenas iniciada la sesión, el legislador envió un pedido de licencia en un intento por desactivar la ofensiva opositora. Sin embargo, el requerimiento del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, para realizar medidas de prueba reavivó de inmediato el conflicto y volvió a colocar al economista en el centro de la escena.
El escenario fue desolador para el libertario. Hasta sus propios aliados le retiraron el apoyo. La autorización para que el magistrado proceda con las pruebas fue aprobada con un contundente respaldo: 215 votos a favor y apenas tres abstenciones. Ningún interbloque salió en defensa del imputado. El único gesto de contención provino de un legislador de Encuentro Federal, quien pidió proteger la integridad física y ambulatoria del diputado.
En medio del tenso debate, el diputado Carlos Castagnetto exigió seriedad al hemiciclo y reveló una situación inquietante: mientras la Justicia solicitaba medidas de prueba contra Espert, operarios no identificados realizaban tareas de reparación en su despacho. Minutos más tarde, personal de seguridad procedió a colocar fajas de clausura en las puertas de la oficina del acusado.
La imputación que pesa sobre José Luis Espert, vinculada a una transferencia de fondos del narcotraficante Fred Machado, avanza a ritmo acelerado. Mientras la Cámara baja debatía modificaciones a la ley que regula los decretos presidenciales, el juez Mirabelli elevó un oficio al Congreso solicitando medidas de prueba contra el parlamentario, amparado en la ley de fueros. Aunque se desconoce el contenido exacto del escrito —preservado por hallarse la causa bajo secreto de sumario—, se presume que incluye el allanamiento de sus despachos y el secuestro de bienes.
Los diputados se enteraron de la existencia del oficio a través de versiones periodísticas. Desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López propuso un cuarto intermedio para resguardar las medidas probatorias. La sesión adquirió entonces un tono crecientemente áspero. Germán Martínez se opuso a dicha pausa y exigió que las resoluciones se adoptaran de manera pública. Fue la diputada Mónica Frade quien, cortando cualquier demora, presentó la moción para autorizar al juez, desatando un nuevo capítulo de tensiones.
No todos los legisladores acompañaron la iniciativa. Fernando Carbajal, del bloque Democracia para Siempre, objetó: “No puedo autorizar algo cuyo contenido ignoro”, e insistió con la celebración de una sesión secreta, tal como había reclamado su par Pablo Juliano. Tras un prolongado intercambio, se llevó a cabo la votación, y Espert experimentó en carne propia el rigor de su aislamiento político.
El requerimiento judicial alivió momentáneamente a un recinto unánime en su deseo de desvincularse del asunto Espert, aunque la parlamentaria Silvana Giudice, del PRO, buscó contraatacar y reclamó que se tratara el desafuero del diputado Estrada, acusado de desviar fondos públicos en una campaña de desinformación radicada en Salta. Desde el oficialismo ya se había dejado trascender que avanzarían contra Estrada como forma de equilibrar la presión opositora.
Licencia bajo sospecha
Con la sesión en curso, las autoridades de la Cámara hicieron pública la nota mediante la cual Espert solicitaba licencia por “motivos particulares”, vigente hasta el 8 de diciembre, apenas dos días antes de que finalice su mandato. La jugada fue interpretada como una maniobra para frenar el impulso opositor que buscaba forzar su expulsión, aunque sin los votos necesarios para incluir el tema en el temario. Durante la reunión de Labor Parlamentaria, ningún bloque reclamó incorporar el punto, dada las contradicciones internas que generaba en todos los espacios, incluso dentro del peronismo.
Facundo Manes y Victoria Tolosa Paz presentaron sendos proyectos para expulsar a Espert por “inhabilidad moral”, pero las iniciativas no llegaron a tratarse. El escrito del libertario no hace mención a sus fueros ni a su salario, por lo que se sobreentiende que continuará percibiendo su haberes a pesar de no concurrir a la Cámara. Fuentes parlamentarias señalaron que, de tratarse de una licencia sin goce de sueldo, el diputado debió aclararlo de modo expreso. Ante la consulta de Frade, el presidente Martín Menem respondió que Espert se había comprometido a precisar los términos por escrito a la brevedad.
La licencia de Espert aún debe ser aprobada en una próxima sesión de la Cámara baja. No obstante, desde Unión por la Patria admitieron que ese tipo de reuniones “prácticamente no existen”, dejando el asunto en un limbo reglamentario.
En otro orden, los bloques opositores lograron imponer un cronograma para el tratamiento del Presupuesto 2026, con el objetivo de que la ley quede sancionada antes del recambio legislativo. El acuerdo establece seis reuniones informativas durante octubre, con la participación de funcionarios del área económica, y fija el 4 de noviembre como fecha tope para la firma del dictamen en la Comisión de Presupuesto. Asimismo, se emplazó a las comisiones a tratar el proyecto de Máximo Kirchner que exige que todo empréstito contraído por el país pase por el Congreso.
Hacia el cierre de esta edición, aguardaba su tratamiento la Ley para hacer coparticipable el Impuesto a los Combustibles Líquidos, una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.
