El Presidente eligió la planta de Siderca en San Nicolás, un proyecto beneficiado por el RIGI, para prometer cambios profundos en la legislación del trabajo. Mientras tanto, manifestantes se congregaron en las afueras para repudiar su visita, evidenciando la conflictividad social que rodea a la gestión.
En un escenario cuidadosamente seleccionado, el Presidente Javier Milei trasladó su campaña a la provincia de Buenos Aires, concretamente a la moderna planta que la firma Siderca se encuentra construyendo en la ciudad de San Nicolás. El acto, reservado a un público selecto, sirvió como marco para un anuncio de gran calado: la promesa de impulsar una reforma laboral de características históricas.
La elección del lugar no fue casual. Dentro del predio donde la compañía del empresario Paolo Rocca avanza con una colosal inversión de 286 millones de dólares para erigir una nueva acería –proyecto fuertemente favorecido por los beneficios impositivos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)–, Milei dirigió su mensaje al corazón del establishment económico. Su discurso, cargado de alusiones a la necesidad de modernización, pareció responder a los reclamos permanentes de organismos internacionales de crédito y al gobierno de los Estados Unidos.
Sin embargo, la realidad exterior se encargó de recordar la profunda grieta que su gestión genera. Al mismo tiempo que el Mandatario hablaba, una coalición de agrupaciones sociales y políticas, entre las que se encontraban Fuerza Patria, Polo Obrero, Derecho al Futuro y el Movimiento Evita, bloqueaba los accesos a la planta industrial en la colectora de la Panamericana. Esta nueva concentración de protesta no hizo más que subrayar la palpable dificultad del oficialismo para desplegar actos de proselitismo en el espacio público sin generar inmediatas reacciones de repudio.
Frente a un auditorio reducido, compuesto por ejecutivos y un grupo de trabajadores, el Jefe de Estado argumentó que la transformación del marco legal laboral es una necesidad que también beneficia a los empleados. “Los trabajadores también necesitan la reforma, porque cuando hay más demanda del empleo, el precio del salario sube”, aseguró. Esta afirmación se produjo en una jurisdicción donde el flagelo del desempleo escaló al 8.5 por ciento de la población económicamente activa en el primer trimestre del año.
La iniciativa promovida por el Ejecutivo, que según sus críticos erosionaría derechos adquiridos por los asalariados, fue presentada por Milei como una herramienta clave para “darle previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal”. El Presidente fundamentó su postura en que “por demasiado tiempo, la incertidumbre jurídica respecto al contenido de los contratos de trabajo, sobre costos y temores a las pymes frente a cada contratación, ha empujado así a cientos de miles de trabajadores a la informalidad”.
Como parte central de su propuesta, el líder de La Libertad Avanza adelantó que la reforma incluirá “nuevas negociaciones colectivas que adecuen los marcos contractuales a la realidad productiva y laboral actual, dejando atrás estructuras vigentes desde hace más de 70 años”. Según su visión, este cambio fomentará el diálogo y la relación directa entre los empleadores y los representantes sindicales.
En el cierre de su alocución, y con miras a las próximas contiendas electorales, Javier Milei se comprometió a enviar al Congreso de la Nación los proyectos de reforma laboral y tributaria una vez que se celebren los comicios del 26 de octubre, marcando así un claro horizonte para su agenda legislativa.
