Tras el doble crimen de Córdoba, la identidad del principal sospechoso conecta el horror con un movimiento organizado que niega la violencia de género y encuentra eco en iniciativas políticas que buscan desalentar las denuncias.
Mientras la sociedad aún intentaba procesar la brutalidad del doble femicidio ocurrido en Córdoba, otra joven vida fue arrancada por la violencia machista. En Chaco, el cuerpo sin vida de Gabriela Barrios, de apenas 20 años, fue hallado en el fondo de un pozo, cerrando con desolación la búsqueda que se había iniciado el domingo. Este nuevo crimen se suma al de Daiana Mendieta, de 22, cuyo cadáver fue encontrado días atrás en un aljibe entrerriano. La pregunta que estalla entre el dolor y la rabia es una sola: ¿hasta cuándo?
La sucesión de estos hechos luctuosos crea una ilusión de velocidad inusitada, potenciada por la profunda conmoción que generó el triple femicidio de Florencio Varela. Sin embargo, la cruda realidad indica que esta es una herida social que nunca cicatriza. Las estadísticas, implacables, señalan que en Argentina un femicidio se comete aproximadamente cada treinta horas. La naturalización de esta cifra aterradora es un síntoma de la gravedad del problema: cada semana, cuatro o cinco mujeres, en su mayoría jóvenes, son asesinadas por el hecho de ser mujeres. Se trata de una epidemia constante que, en muchos casos, no logra traspasar el umbral de la notoriedad mediática, especialmente en un contexto donde las voces feministas enfrentan hostilidad y las políticas públicas de prevención y asistencia sufren un sistemático desfinanciamiento.
En el centro de la tormenta mediática de los últimos días emerge la figura de Pablo Rodríguez Laurta, el uruguayo detenido en Entre Ríos como presunto autor del doble asesinato de su expareja, Luna Giardina, y de la madre de esta, Mariel Zamudio. Su captura se produjo cuando intentaba huir hacia Uruguay con el hijo de ambos, de cinco años, y se le investiga también por la muerte del remisero que lo transportaba. Pero la revelación más estremecedora no es solo la del crimen, sino la de la ideología que lo alimentaba.
Rodríguez Laurta es uno de los fundadores de “Varones Unidos”, una organización uruguaya que se dedica a negar la existencia de la violencia de género y a propagar la teoría de una supuesta “avalancha” de denuncias falsas. Esta agrupación ha establecido vínculos con dos figuras centrales de la denominada “batalla cultural” que impulsa el gobierno de Javier Milei: Agustín Laje y Nicolás Márquez. Lejos de ser un activista circunstancial, el perfil del sospechoso se completa con antecedentes de estafa y un historial en redes sociales plagado de violencia misógina. El velo se corre y muestra con crudeza el rostro detrás del discurso negacionista: un hombre violento, acusado de los peores crímenes.
Esta conexión directa entre la retórica antiderechos y la materialización del horror expone la peligrosidad de iniciativas legislativas que, bajo la apariencia de combatir abusos, buscan en realidad amedrentar a las víctimas. Proyectos como el impulsado por la senadora Carolina Losada, que propone agravar las penas por denuncias falsas en casos de violencia de género, son el eco político de los postulados de grupos como “Varones Unidos”. Estas propuestas, que se replican con características similares en otros países de la región, avalan narrativas que intentan silenciar a las mujeres.
La pregunta crucial no es si existen denuncias falsas –un fenómeno estadísticamente marginal y ya penado por la ley–, sino para qué se busca intensificar su castigo. La única motivación coherente detrás de esta ofensiva legislativa parece ser la de sembrar el miedo, disciplinar a las mujeres con la amenaza de la cárcel y, en última instancia, proteger la impunidad de quienes ejercen la violencia. Luna Giardina, víctima de la violencia machista de su expareja, es el trágico ejemplo de una mujer que el sistema no pudo proteger. Quienes hoy promueven leyes que desalientan la denuncia se convierten, tácitamente, en cómplices de un entramado que tiene consecuencias mortales. El reclamo de que dichas iniciativas sean retiradas no es solo una demanda política; es un grito por la vida.
