ATE acusó al Gobierno de incorporar adherentes políticos mediante remuneraciones excepcionales, violando normas laborales y derechos consolidados. El gremio responsabilizó a Sturzenegger y cuestionó la coherencia de la Casa Rosada.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, denunció esta mañana que el Gobierno nacional ha procedido a legalizar la inclusión de militantes libertarios en la administración pública, asignándoles remuneraciones extraordinarias. A través de un comunicado oficial, la organización sindical expuso que el Poder Ejecutivo continúa transgrediendo el marco legal y afectando derechos laborales históricos, al tiempo que habilita el acceso de nuevos ingresantes “provenientes de las filas oficialistas” con salarios sustancialmente elevados.
“No resulta difícil suponer que la intención es garantizar que se reconozca la antigüedad que estos individuos pudieran haber acumulado en el ámbito privado”, añadió Aguiar en tono crítico. En la misma sintonía, el dirigente apuntó directamente contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, autor de la resolución en cuestión. “¿Acaso no prometió transparentar el acceso al Sector Público? Ni siquiera consideraron la propuesta de ATE de implementar concursos públicos por oposición y antecedentes. Su única preocupación son sus propios negocios. Al final, la casta y la política tradicional los están superando ampliamente”, afirmó con dureza.
Desde el gremio subrayaron, además, que esta medida unilateral agrava la distorsión en la ya devastada realidad salarial y consolida la precarización laboral que afecta de manera particular al sector de la administración pública, uno de los más castigados por el ajuste impulsado por la gestión de Javier Milei.
Aguiar remarcó que la disposición oficial quiebra la equiparación escalafonaria, promueve una enorme discrecionalidad en las asignaciones retributivas, lesiona la negociación colectiva, representa un retroceso en materia de derechos adquiridos y viola el principio de progresividad laboral, consagrado en tratados internacionales con jerarquía constitucional.
Para concluir, el gremialista dirigió sus críticas al vocero presidencial Manuel Adorni, quien en reiteradas conferencias de prensa se había manifestado en contra del empleo público y de los denominados “ñoquis” que, según sus dichos, ocupaban las oficinas estatales. “Recuerdo cuando aludías a la necesidad de realizar un barrido y una limpieza en los organismos públicos. Hoy observamos que esa urgencia por higienizar no era más que una estrategia para instalar a aquellos sectores que estuvieron presentes en el Movistar Arena”, sentenció Aguiar, cerrando una jornada de fuertes cuestionamientos hacia las prácticas gubernamentales.
