Tras el abrupto cierre del Registro del Automotor Número 1, dos empleadas con casi cuatro décadas de servicio relatan el desamparo laboral y el perjuicio ciudadano, mientras las gestiones legales para cobrar sus indemnizaciones se encuentran estancadas.
En un relato cargado de frustración y desazón, Marisol Villaroel y Miriam Hernández, antiguas empleadas del Registro del Automotor Número 1, expusieron la crítica situación que atraviesan tras la clausura repentina de la dependencia. Durante una entrevista concedida a AIRE LIBRE FM, ambas trabajadoras, con una trayectoria que supera los treinta y ocho años de servicio, describieron un escenario de total incertidumbre que afecta no solo a los empleados, sino también a cientos de ciudadanos.
Miriam Hernández fue contundente al señalar que su realidad no ha cambiado desde el cese de actividades. “Permanecemos en idéntica situación que al inicio. Nos adeudaban los salarios de agosto y septiembre, y esa deuda persiste”, afirmó. Subrayó que el perjuicio se extiende a la comunidad, ya que numerosas personas abonaron por servicios que hoy se encuentran en un limbo administrativo. Según su testimonio, los turnos son suspendidos de manera sistemática, dejando una multitud de trámites esenciales sin posibilidad de concreción.
El fin de las operaciones del registro, que en su opinión jamás debió ejecutarse de forma tan súbita, fue ordenado por el nuevo responsable, Ramón Gallardo. Las ex trabajadoras lo acusaron de actuar con total falta de empatía y de no mantener ningún tipo de diálogo con el personal antes de proceder con los despidos. “Nos envió cartas documento desvinculándonos sin siquiera haber sostenido una conversación previa”, lamentó Villaroel, evidenciando el trato impersonal recibido.
La representación legal de las afectadas está a cargo del Dr. Rubio, quien lleva adelante el caso. Sin embargo, el proceso judicial para acceder a las indemnizaciones correspondientes no registra avances significativos, profundizando la sensación de abandono. Pese a haber dedicado la mayor parte de sus vidas laborales a esa institución, hoy se sienten absolutamente desprotegidas.
La conversación también puso el foco en el grave perjuicio colectivo. Hernández alertó sobre la gran cantidad de gestiones que quedaron suspendidas. “Existen numerosos trámites detenidos, una inmensa cantidad de documentación sin entregar”, precisó, remarcando que esta paralización impacta directamente sobre individuos con urgencias administrativas.
La situación se torna más confusa al considerar a la familia Mingorance, propietaria del registro, a quien se le atribuye solvencia económica. Esta circunstancia genera interrogantes sobre los motivos reales que impiden honrar las deudas laborales. “Es una vergüenza lo que hicieron con nosotros”, sentenció Villaroel, cerrando un testimonio que pinta un cuadro de desdén institucional y vulneración de derechos.
