Especialistas en derecho del trabajo alertan sobre los efectos negativos de las reformas impulsadas por el Gobierno. Señalan que, lejos de fomentar el empleo registrado, aumentan el trabajo no registrado y el desempleo. Cuestionan la estigmatización de los abogados laboralistas.
En el marco de un acto de campaña realizado en San Nicolás, el presidente Javier Milei reiteró su propuesta de avanzar con una nueva reforma laboral que, según sus dichos, busca otorgar «previsibilidad a las empresas e incentivar la contratación formal». El mandatario argumentó que la «incertidumbre jurídica» en materia de contrataciones ha sido un factor clave que empujó a miles de trabajadores hacia la economía informal.
Sin embargo, desde el ámbito del derecho laboral surgen fuertes críticas a este planteo. Gustavo Ciampa, reconocido abogado especializado en la materia, recordó en una entrevista radial que desde julio del año pasado se encuentra vigente la Ley Bases, la cual incluye un capítulo de reformas laborales que ya habían sido incorporadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. Aquellas modificaciones, explicó, también fueron promocionadas en su momento como un mecanismo para «generar empleo genuino y registrado», pero los resultados observados han sido exactamente los opuestos.
Ciampa subrayó que está demostrado que este tipo de normativas de flexibilización no solo no generan puestos de trabajo, sino que los destruyen. Agregó que, en los sectores donde los trabajadores cuentan con menos derechos, no se fomenta el empleo formal, sino que se consolida el trabajo en negro, tal como ocurre en la construcción y en el servicio doméstico.
Lejos de observar una mejora en el panorama laboral, el letrado detalló que, desde la implementación de la Ley Bases, se ha registrado un incremento tanto del desempleo como del empleo no registrado. Frente a este escenario, planteó que la primera medida que debería adoptarse es la derogación de dicha ley.
Asimismo, el abogado reveló que existen nuevas iniciativas en el Congreso que apuntan a profundizar la precarización laboral. Mencionó específicamente un proyecto de ley presentado por Romina Diez y Espert que propone reinstaurar el pago mediante tickets canasta, una modalidad que, según advirtió, busca legitimar los pagos en negro.
En otro orden, Ciampa cuestionó con firmeza el discurso oficial que presenta a los abogados laboralistas y a los gremios como «enemigos» de la productividad. Advirtió que, en un país con una historia trágica de desapariciones de profesionales del derecho laboral, tildarlos de mafiosos no es un simple juego político, sino una estrategia para estigmatizar a quienes defienden los derechos de los trabajadores.
Según su análisis, el Gobierno instala la idea de una «industria del juicio» para justificar reformas regresivas. Frente a esto, aclaró que la litigiosidad en Argentina es notablemente baja, y que menos del dos por ciento de los trabajadores que tienen derecho y condiciones para iniciar una demanda laboral deciden hacerlo. Concluyó señalando que nadie repara en los numerosos juicios que los bancos inician contra quienes no pueden pagar sus créditos, lo cual evidencia una marcada selectividad en el relato oficial.
