Un análisis histórico y económico desmonta los argumentos oficiales que vinculan la reducción de derechos con la creación de empleo registrado. Datos de las últimas décadas revelan que el crecimiento del trabajo formal responde al dinamismo económico, no a la precarización. Mientras tanto, organismos internacionales promueven el trabajo decente como horizonte.
El gobierno de Javier Milei, en alianza con sectores políticos y empresariales, impulsa una reforma laboral que plantea una cesión significativa de derechos bajo la premisa de fomentar la registración de los trabajadores. Según este discurso, amplificada por varios medios de comunicación, el estancamiento del empleo formal en la última década se resolvería extendiendo la jornada laboral, reduciendo las indemnizaciones por despido y eliminando los salarios mínimos. No obstante, esta narrativa choca frontalmente con la evidencia histórica y los datos económicos de los últimos treinta años.
La propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) sitúa en el centro del debate global el concepto de «trabajo decente», promoviendo políticas más justas, sostenibles e inclusivas. Esta perspectiva contrasta con la orientación de la reforma propuesta. Un informe del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCI) subraya que, en Argentina, el motor del empleo registrado ha sido, invariablemente, el crecimiento económico. Esta conclusión emerge al comparar los periodos de gobiernos de orientación liberal, que impulsaron la flexibilización laboral, con las administraciones de corte popular, que priorizaron la protección del trabajador.
Al trazar una línea histórica desde 1996, se observa una correlación directa e ineludible: la evolución del empleo formal privado marcha al mismo ritmo que la del Producto Bruto Interno (PBI). En las etapas de expansión económica, como la vivida entre 2004 y 2007, el empleo creció. Por el contrario, en los momentos de crisis profunda, como durante la gestión de Fernando de la Rúa, ambos indicadores se desplomaron. Resulta revelador que durante los gobiernos populares, aun con medidas de protección como la doble indemnización, el empleo total alcanzó sus incrementos más significativos. Esto desmiente la teoría de que las restricciones al despido obstaculizan la creación de puestos de trabajo.
Por el lado de las administraciones liberales, la flexibilización laboral no trajo aparejado un auge del empleo, sino que marchó de la mano de contracciones económicas. El caso del gobierno de Mauricio Macri (2016-2019) es emblemático: culminó con una caída del PBI cercana al 4%, acompañada de una merma en el empleo formal. Especialmente notorio es el impacto en el sector industrial, que registró caídas en todos los periodos liberales (Menem, De la Rúa, Macri y Milei). Este dato es crucial, ya que se trata de un segmento con alta participación de PyMEs, las mismas que, según el discurso oficial, se verían beneficiadas por la desregulación.
Además, se desmiente categóricamente la afirmación de que el empleo registrado no ha aumentado desde 2011. En el período 2020-2023, marcado por la pandemia de COVID-19, el empleo formal experimentó un incremento del 9%, recuperando una porción sustancial de los puestos perdidos durante la emergencia sanitaria. Tras la crisis de 2001, el empleo mostró un crecimiento vigoroso que acompañó la reactivación económica, estabilizándose hacia 2011 debido a leyes económicas de rendimientos marginales decrecientes y particularidades del contexto local.
Mientras el debate local se centra en una flexibilización que muchos tildan de regresiva, la agenda internacional avanza en otra dirección. Los Objetivos de la OIT para el Desarrollo Sostenible enfatizan la erradicación de la pobreza mediante la creación de empleo decente, la promoción de sistemas de protección social universales y la defensa de leyes laborales justas y salarios dignos. También se aboca a mejorar las condiciones en la economía informal y digital, reforzar la economía del cuidado y promover la igualdad de género y la inclusión social.
Al repasar estos principios, ninguno de estos conceptos parece encontrar eco en el discurso libertario que sustenta la reforma laboral. La brecha entre la evidencia histórica, los consensos globales y la propuesta del gobierno plantea una profunda incógnita sobre el verdadero rumbo que se pretende para el mercado laboral argentino.
