Diego Spagnuolo, allegado al Presidente Milei, ejerció su derecho a no testimoniar en una causa que investiga una vasta red de corrupción en el organismo. La fiscalía describe un sistema de pagos millonarios, sobreprecios y coimas que habrían beneficiado a una red de droguerías y funcionarios.
En un hecho cargado de expectativa, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, compareció este miércoles ante los estrados judiciales de Comodoro Py. Citado en el marco de la causa denominada «Coimagate», el abogado y cercano colaborador del presidente Javier Milei optó por el silencio, rechazando los cargos que le imputa el fiscal Franco Picardi sin prestar declaración indagatoria.
Spagnuolo se transformó así en el tercer imputado en esta investigación que elige no responder preguntas, siguiendo la línea de sus coacusados, Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete. Esta estrategia defensiva común contrasta con la contundencia de las pruebas que, según la fiscalía, delinean una trama corrupta de vastas proporciones y un mecanismo aceitado de desvío de fondos públicos al interior del organismo durante la actual administración.
La audiencia se desarrolló ante el juez Sebastián Casanello, quien había ordenado una serie de quince indagatorias a partir de un extenso dictamen del fiscal Picardi. En dicho escrito, el representante del Ministerio Público detalló el funcionamiento de un sistema ilícito que, según su visión, convertía a la ANDIS en una simple «ventanilla de pagos» direccionados. Estas maniobras, se alega, se realizaban mediante procedimientos que violaban la legalidad, carentes de transparencia, publicidad y concurrencia, y que incluían significativos sobreprecios en beneficio de proveedores vinculados a los funcionarios a cargo.
La investigación sostiene que este entramado operaba, en gran medida, a través del Programa Incluir Salud (PACBI), destinado a la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo. Según la reconstrucción fiscal, cuatro droguerías se habrían erigido como las principales beneficiarias de estos manejos irregulares: Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A.
Uno de los elementos más sensibles de la causa son una serie de audios en los que, presuntamente, se escucha a Spagnuolo referirse a un sistema de coimas que culminaba en manos de Karina Milei, hermana del Presidente. Frente a esto, la defensa del exfuncionario, a cargo de Mauricio D’Alessandro, argumentó que dichas grabaciones fueron manipuladas mediante Inteligencia Artificial, una afirmación que, según pudo constatarse, no se respalda en ningún peritaje oficial incorporado a la causa.
El fiscal Picardi acusa a Spagnuolo de haber permitido, consentido y supervisado personalmente el direccionamiento de las licitaciones, asegurando adjudicaciones millonarias a empresas específicas en plazos reducidos y con elevados sobreprecios, todo ello en perjuicio del erario público. Incluso se acreditaría, según la investigación, su coordinación para el pago de cinco millones de pesos en efectivo con Miguel Ángel Calvete, a quien la fiscalía identifica como el presunto jefe de una asociación ilícita que se habría infiltrado en la agencia.
La ronda de indagatorias se extenderá hasta diciembre, con al menos doce citaciones pendientes que incluyen a otros actores clave. Entre ellos se encuentra Daniel Garbellini, ex director de Incluir Salud, señalado por ejecutar órdenes de direccionamiento a cambio de beneficios económicos. También serán llamados a declarar Eduardo González y Lorena Di Giorno, identificados como articuladores entre las contrataciones y las firmas beneficiadas, así como Roger Grant, señalado como el ejecutor directo de las instrucciones de Garbellini dentro del organismo.
La pesquisa también sigue el rastro del dinero, investigando posibles maniobras de lavado de activos a través de Sergio Mastropietro, un ex socio de Federico Machado, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, lo que añade una capa adicional de complejidad al ya intrincado caso.
Con un cúmulo de evidencias que, según la fiscalía, pintan un cuadro de corrupción sistemática, el silencio de los principales acusados deja abierto un interrogante crucial sobre el futuro de las indagatorias restantes y si alguno de los próximos convocados decidirá, finalmente, romper el mutismo pactado. El «Coimagate» parece ser sólo el primer capítulo de una investigación judicial que promete seguir desarrollándose con intensidad.
