En una tensa jornada parlamentaria, la oposición logró imponerse y frenar el ingreso de Lorena Villaverde al Senado, tras un arduo debate cargado de impugnaciones cruzadas y acusaciones. El oficialismo respondió con una maniobra desesperada, anunciando objeciones contra dos legisladores peronistas.
El Senado de la Nación fue escenario de un enfrentamiento político de alta intensidad. Lejos de los gritos y los forcejeos, pero con la contundencia de los argumentos y la gravedad de las acusaciones, se libró una pulseada crucial en la comisión de Asuntos Constitucionales. El centro de la disputa fue el pliego de la senadora electa libertaria Lorena Villaverde, de Río Negro, cuya figura se encuentra empañada por su presunta vinculación con causas de narcotráfico en los Estados Unidos.
La oposición, con una férrea determinación, esgrimió razones para bloquear su incorporación a la Cámara alta. Frente a ellos, los representantes de La Libertad Avanza y algunos aliados desplegaron una contraofensiva, presentando de manera intempestiva impugnaciones cargadas de tecnicismos legales contra los pliegos de los peronistas Martín Soria, también de Río Negro, y Jorge Milton Capitanich, de Chaco. Esta jugada fue interpretada por el bloque opositor como un intento de forzar una negociación y desviar la atención del caso principal.
Finalmente, y tras un debate áspero, la oposición consiguió una victoria significativa al lograr un dictamen de mayoría que recomienda el rechazo a Villaverde. Esta resolución, que será tratada en primer término durante la sesión de jura del 28 de noviembre próximo, contó con el respaldo de once firmas. La coalición opositora sumó los votos de Unión por la Patria, el radical Pablo Blanco, la larretista Guadalupe Tagliaferri, la cordobesa Alejandra Vigo y, para sorpresa de muchos, el salteño Juan Carlos Romero, un habitual aliado del bloque libertario.
El oficialismo, visiblemente molesto por este revés, intentó torcer el rumbo de la jornada. El riojano Juan Carlos Pagotto lideró la defensa de Villaverde, articulando una compleja tesis legal y presentando las objeciones contra Soria y Capitanich. A su lado, Luis Juez, otro cordobés, apeló a su conocimiento del derecho penal para respaldar a la legisladora rionegrina, argumentando que las acusaciones carecían de sustento judicial y se basaban en titulares periodísticos.
Sin embargo, los argumentos más contundentes provinieron del sector opositor. La senadora Florencia López, del peronismo riojano, calificó la maniobra oficialista como “un bochorno”, denunciando el intento desesperado de salvar a una “narcosenadora”. Con lujo de detalles, expuso las relaciones de Villaverde con Federico “Fred” Machado, extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, y con Claudio Cicarelli, quien habría pasado de ser profesor de básquet a un empresario multimillonario en sectores sospechosos.
El jefe del bloque de UxP, José Mayans, reforzó la postura al recordar el caso del diputado José Luis Espert, también vinculado a Machado, y afirmó que Villaverde “ha comprado una banca”, subrayando la imposibilidad de aceptar a una persona con “relación directa con el narcotráfico” en el recinto.
La intervención clave llegó de la mano de Juan Carlos Romero. El senador salteño, rompiendo filas con sus aliados, resaltó la “manifiesta gravedad creciente del narcotráfico” y estableció una clara distinción entre acusaciones políticas y haber enfrentado a la justicia penal estadounidense. Reveló que Villaverde recibió una condena menor por venta de droga al declararse culpable y actuar como informante, lo que incluso le permitió borrar sus antecedentes. Sus palabras dejaron en claro que el dictamen de rechazo estaba garantizado.
Mientras el caso de Capitanich fue considerado por Romero como un “error político” sin causas judiciales que impidieran su acceso al Senado, la opositora neuquina Silvia Sapag sentenció que con Villaverde se está a tiempo de impedir que alguien con problemas de narcotráfico ocupe una banca, remarcando que “ya tiene dos condenas en Estados Unidos”. Apelando al precedente del exsenador Edgardo Kueider, insistió en la potestad del cuerpo para rechazar pliegos sin necesidad de esperar una sentencia judicial, defendiendo la honorabilidad de la institución por encima de todo.
