En el marco de un impulso político por equiparar la persecución penal de militantes con la de los represores, una audiencia en la Cámara de Casación reveló vínculos insospechados y giros inesperados en una causa de la dictadura, poniendo en evidencia las complejidades y los riesgos de reescribir el pasado.
El actual Gobierno nacional promueve una revisión de los procesos judiciales vinculados a la década del setenta, con el objetivo declarado de establecer una paridad jurídica entre los integrantes de las organizaciones armadas y los miembros de las Fuerzas Armadas que ejecutaron un plan sistemático de aniquilamiento, tal como han documentado más de tres centenares de sentencias firmes. Esta iniciativa ha reavivado expedientes dormidos, entre los cuales destaca el correspondiente al atentado con explosivos ocurrido en julio de 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal, un emblemático centro de inteligencia y detención clandestina.
No obstante, esta estrategia enfrentó un revés durante una reciente audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal. La letrada Myriam Bregman, quien interviene en la causa junto a Liliana Mazea, expuso ante el tribunal que la selección de imputados en dicha investigación carece de sustento, al incluir de manera arbitraria «nombres rimbombantes» para otorgarle relevancia mediática. En un momento de alta tensión, Bregman reveló que entre esos nombres figuraba el de Patricia Bullrich, actual figura clave del oficialismo en el Senado y exministra de Seguridad, quien en el pasado fue señalada en los escritos presentados por el denunciante original.
La intervención de la defensora provocó un inmediato revuelo en la sala, evidenciando la carga política que atraviesa el caso. El expediente se origina en una denuncia de 2003, presentada por un agente policial herido en el hecho, con el patrocinio de un exjuez de la dictadura. Su momento de presentación no fue casual: coincidió con el día en que el Senado anulaba las leyes de impunidad. Años más tarde, en 2009, hizo su aparición en el proceso Victoria Villarruel, hoy Vicepresidenta, a través del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, abogando por la investigación. Su representante legal en aquella ocasión fue Carlos Manfroni, quien posteriormente se desempeñaría como jefe de gabinete de la propia Bullrich.
Pese a múltiples intentos de reapertura, la causa había sido archivada en reiteradas oportunidades por la justicia, hasta que encontró un nuevo impulso con la llegada de Milei y Villarruel al Congreso. Fue entonces cuando una asociación de abogados de represores condenados, con el propio Eduardo Kalinec como querellante, logró que la Cámara Federal revocara el sobreseimiento y ordenara investigar el hecho como una «grave violación a los derechos humanos».
La decisión final ahora recae en la Sala I de Casación, integrada por Barroetaveña, Slokar y Mahiques. La postura de este tribunal es crucial, ya que se debate la posibilidad de abrir una investigación basada en imputaciones de dudosa solidez, donde figuran como acusadas personas que fueron desaparecidas por el terrorismo de Estado. Organismos históricos de derechos humanos, como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, junto a premios Nobel y exdetenidos-desaparecidos, han denunciado que esta causa busca forzar un «empate» artificial para impulsar una suerte de amnistía general, reescribiendo la historia y equiparando a las víctimas con sus victimarios. El tiro, por ahora, parece haber salido por la culata, al iluminar las intrincadas y oscuras conexiones que tejen este intento de revisión histórica.
