El diputado provincial Matías Lapadula aclaró que la iniciativa no impondrá tasas a los caminantes, sino que apunta a mitigar el impacto ambiental y los peligros viales ante la explosión del trekking en Tierra del Fuego. La normativa diferencia el esparcimiento cotidiano de la explotación comercial.
En el extremo austral del continente, donde la naturaleza aún conserva su esplendor más salvaje, el crecimiento desmedido de una actividad recreativa ha encendido las alarmas en la esfera legislativa. El parlamentario territorial Matías Lapadula salió al cruce de las versiones que circularon en los últimos días y precisó los alcances de un proyecto de ley destinado a regular el uso de los corredores montañosos y veredas naturales en Tierra del Fuego, al tiempo que descartó de manera categórica cualquier pretensión de instalar peajes al aire libre.
En declaraciones formuladas a este medio, el representante provincial subrayó que la propuesta no tiene por finalidad el cobro de boletos o tarifas para acceder a los paisajes más emblemáticos de la región, sino que persigue un objetivo mucho más amplio y urgente: ordenar una práctica que se ha multiplicado sin pausa durante los últimos ejercicios anuales, impulsada por la creciente afluencia de viajeros atraídos por el senderismo y las travesías de alta montaña.
El legislador explicó que ese aluvión de visitantes comenzó a generar dos tipos de afectaciones difícilmente soslayables. Por un lado, un deterioro progresivo del entorno, con huellas que se ensanchan, residuos que se acumulan y ecosistemas frágiles que sufren la pisada constante. Por otro, riesgos serios vinculados a la seguridad de las personas, sobre todo en aquellos parajes de mayor concentración humana. “No se trata de un texto que prevé cobrar por los senderos, sino de regular una actividad que ha crecido enormemente y que hoy tiene impacto en el medio ambiente y en la integridad de los individuos”, enfatizó Lapadula.
La iniciativa, según detalló el propio diputado, bebe de una norma nacional que consagra el derecho a practicar senderismo de forma libre y gratuita. Sin embargo, introduce una distinción medular que hasta ahora permanecía difusa: de un lado se encuentra el uso lúdico o deportivo, aquel que los propios fueguinos realizan los fines de semana sin ánimo de lucro; del otro, la actividad turística con fines económicos, organizada por agencias, guías o prestadores que obtienen rédito comercial de la experiencia en la naturaleza.
El objetivo del proyecto, remarcó el parlamentario, es avanzar sobre esta segunda categoría, estableciendo reglas claras para quienes convierten el paisaje en un producto de mercado. “No hablamos de la caminata que hacemos habitualmente los habitantes de la provincia, sino de una actividad económica ligada al turismo, donde resulta imperioso regular para resguardar el recurso y el contorno”, afirmó con énfasis.
Para graficar la magnitud del desafío, Lapadula puso el foco en la célebre Laguna Esmeralda, uno de los circuitos más concurridos de todo el territorio fueguino. “Cuando uno transita por esa zona, observa una multitud de caminantes y una acumulación de vehículos, incluso en sectores de curva sobre la ruta, lo que implica además una amenaza concreta en términos de seguridad vial”, advirtió el legislador, señalando el peligro de accidentes tanto para los peatones como para los automovilistas que circulan por la carpeta asfáltica.
El texto normativo también contempla la posibilidad de que la autoridad de aplicación, una vez definida, pueda concesionar ciertos senderos en aquellos casos donde la afluencia masiva de excursionistas así lo exija. Esta herramienta, explicó Lapadula, no busca privatizar el acceso, sino garantizar condiciones superiores de uso, mantenimiento y conservación, aliviando la presión sobre los parajes más frágiles y ordenando los flujos de visitantes.
Por otra parte, el diputado hizo alusión a una problemática que en los últimos años ha copado los informes de rescates en zonas agrestes: la falta de regulación sobre las excursiones de riesgo. Recordó que en Tierra del Fuego ya existe una ley provincial vigente que aborda los operativos de auxilio en montaña, pero admitió que dicha norma aún no ha sido reglamentada, lo que deja un vacío operativo que el nuevo proyecto pretende complementar. De esta manera, la iniciativa aspira a cerrar un círculo virtuoso que combine la protección del patrimonio natural, la prevención de accidentes y el fomento de una actividad turística sustentable, sin que ello implique jamás poner un precio a la pisada del caminante solitario.
