En declaraciones a FM La Isla y luego del plenario de comisiones en la legislatura sobre el proyecto de creación de la empresa estatal Terra Ignis SAU, la legisladora Miriam Martínez fue absolutamente crítica y acusó al oficialismo de no hacerse cargo del proyecto del gobernador Melella.
En principio, Martínez señaló que participaron del plenario la secretaría de hidrocarburos, el ministro de finanzas, el Secretario legal y técnico, integrantes de AREF, las empresas que operan en la provincia, Roch, YPF y Total; el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, el tribunal de cuentas representado por Hugo Pani y los sindicatos, luz y fuerza, (cooperativa Eléctrica), Petroleros Jerárquicos, Petroleros Privados y Camioneros.
Sobre ello expresó, “Lamentablemente faltó muchísima información, no pudieron responder cuál era el objetivo principal de esta empresa y quedó de manifiesto, aun más, todo lo que veníamos trabajando con la exposición del fiscal de Estado, que hizo un racconto que es más que importante, porque a veces refrescar la memoria a algunos que se hacen los distraídos es importante” dijo y señaló HIFUSA y el convenio con una empresa china durante el Gobierno de Fabiana Ríos.
“Lo que quedó claro es que ni el tribunal de cuentas, ni la fiscalía de estado ni la IGJ tuvieron intervención” continuó y agregó que «resulta importante la intervención este ultimo ente ya que de aprobarse el Estatuto, que está integrado al texto de la ley solo podría modificarse por otra ley».
Martínez, señaló que las respuestas “no gustaron”, ya que los funcionarios no pudieron definir el plan de negocios de la empresa, tampoco quienes serían sus socios en caso de promover asociaciones, qué van a hacer con las utilidades de la empresa y si esos recursos serían coparticipables y por qué se eligió como marco jurídico una sociedad anónima unipersonal (SAU) y no una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado (SAPEM) que a priori resulta el marco más adecuado.
Además, señalo cuestionamientos hechos por el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, respecto del bajo capital inicial (10 millones de pesos) que se establece, considerando que dentro de la norma que se pretende hay incluidos puestos jerárquicos y contrataciones de consultoras que demandarían costos que al parecer no fueron considerados. De igual modo, el fiscal cuestionó enunciados vacíos como “la incorporación de nuevos jugadores”, lo que calificó de totalmente incierto y la evasión de los controles que exigen las leyes 50 y 495, teniendo en cuenta que es una empresa del Estado.
En oportunidad de charlar con empresas privadas, YPF dejó claro que no les interesa tener sociedades con empresas estatales, Roch tampoco y Total en una medida ínfima, dado que, según expresaron los empresarios, el Estado no participa de los riesgos, por lo que Martínez cuestionó la eficacia de Tera Ignis como generadora de empleo.
De la misma forma, señaló que este proyecto busca emular la estructura de la empresa estatal de hidrocarburos de Neuquén, pero en situaciones absolutamente distintas, objetando la falta de capital que padece Tierra del Fuego y la imposibilidad de reservarse áreas de explotación como si se hizo en aquella provincia.
“Es muy difícil poder seguir avanzando» dijo Martínez y agregó, “prácticamente vamos a tener que, si está la voluntad política, modificarlo en absoluto, no sé si el ejecutivo va a aceptar que modifiquemos el proyecto”
Además, señalo el avance sobre la Cooperativa Eléctrica de Río Grande incluyendo la generación de energía en el estatuto de Terra Ignis y objetó que los funcionarios hayan expresado que el verdadero fin de esa inclusión fuera darle la posibilidad a las petroleras de que generen su propia electricidad en bocas de pozos, puesto que esa situación ya es así de hechos sin su inclusión en ningún estatuto de empresa Estatal.
La legisladora señaló que más allá de las exposiciones, el Frente de Todos solicitó los informes por escrito tanto al Fiscal de Estado como al tribunal de cuentas para evitar interpretaciones sobre la versión taquigráfica y que el estatuto sea enviado a la IGJ para que informen si el está dentro de la normativa y que después no haya que hacer otra ley para modificarlo.
“seguiremos trabajando, la voluntad la tenemos, la predisposición la tenemos pero queremos no cometer los errores que se cometieron en el pasado” dijo Martínez y agregó que le hubiese gustado que el fiscal de Estado tome posición de oficio antes de que se presente el proyecto y evitarle a la provincia todo el desgaste que significa trabajar sobre los errores y anomalías del proyecto de ley.
“el oficialismo no se hace cargo del proyecto que presentó” disparó Martínez contra los legisladores de FORJA y agregó “a ver señores no pueden desprenderse de la responsabilidad de formar parte de un proyecto de Gobierno como este del Gobernador Melella, 7 meses –pasaron-, yo entiendo que si presentás un proyecto con apuro la premura te puede hacer equivocar en algo, no te podés equivocar en todo y si te equivocaste remitilo a los entes de control, después harás una evaluación de todo y remitirás nuevamente el proyecto como corresponde. Ahora, pretender que les hagamos el trabajo completo como si nosotros fuéramos empleados del oficialismo me parece que no es justo” .
Martínez sostuvo que cuando tengan toda la información como corresponde de todos los entes tomaran una decisión y expresó que no va a permitir entrar en un desgaste que les haga perder tiempo. “yo no soy empleada del Ejecutivo provincial, soy una legisladora provincial opositora. Puedo sumar, puedo proponer, pero –en este caso-tengo que modificar todo el proyecto”.
