Tras la reunión que se llevó a cabo en la legislatura, el legislador de la UCR destacó el accionar del intendente Daniel Harrington ante lo sucedido y señaló que este es un caso testigo de negligencia en la gestión. Sciurano llamó a desarmar la pelea de bandos, y dijo que tanto la Cancillería, como la Subsecretaría de Telecomunicaciones de la Nación e incluso el Ministerio de Defensa, por no advertirlo mediante su inteligencia, tienen corresponsabilidad en el caso.
En declaraciones a FM La Isla, el legislador provincial, Federico Sciurano, se refirió a la reunión que se dio en la legislatura Provincial con los Centros de Veteranos de Guerra de Malvinas de la Provincia y el intendente de Tolhuin Daniel Harrington, para abordar la cuestion del radar deque la empresa británica Leolabs pretencía instalar en la localidad del centro. “La presencia de Daniel Harrington, el intendente de Tolhuin, me parece que fue determinante y muy esclarecedora”, dijo el legislador.
En ese sentido, Sciurano afirmó que la presencia de Harrington sirvió “fundamentalmente para poner luz” sobre la discusión y arremetió contra las organizaciones alternativas a los Centro de Veteranos señalando, “los únicos héroes que vamos a reconocer los fueguinos son a los Veteranos de Guerra y a los familiares de los Caídos, todos los demás que quieran transformarse, asumir roles que la historia no les permite, lo único que van a hacer es pasar una vergüenza que el pueblo fueguino los va a saber reconocer”.
Sobre el caso de Leolabs, el legislador detalló que “esto empieza como declaraciones de la Cancillería Argentina, a mediados del año pasado -2022- en un reconocimiento público que hace a través de las redes sociales oficiales de la Cancillería a la embajada argentina en Estados Unidos por haber conseguido esta inversión de una empresa norteamericana para poner un radar en Argentina, específicamente en Tierra del Fuego, y hablo específicamente de la empresa Leolabs”.
Sciurano señaló como algo a destacar que en ningún momento se ocultó la intención de instalar un radar, cintando como prueba de ello la carátula del expediente municipal de la obra –“instalación de un Radar”, reza- y puso de relieve el temperamento adoptado por el ejecutivo municipal de Tolhuin respecto de no otorgar la autorización final para la instalación sin una pronunciación previa de autoridades de Nación, gestión por iniciativa del propio intendente Harrington.
Sin perjuicio de ello, señaló que es impropio dividir la discusión en bandos de .»patriotas y antipatriotas», atribuyendo a la negligencia en la gestión todo el meollo del problema, al tiempo que afirmó “no le demos el matiz electoral, porque es lo peor que le puede pasar a la argentina”.
En ese orden de cosas, criticó las declaraciones en medios masivos del Jefe del Estado Mayor Conjunto, Martín Paleo, y afirmó que “lo único que han logrado con esto es que una persona con un volumen estratégico fundamental para nuestro país le grite al mundo que somos vulnerables y que no tenemos capacidad de defender nuestra soberanía”.
Además, destacó que “cuando la municipalidad de Tolhuin empieza a pedirles la documentación a esta empresa Leolabs, entre la documentación formal trae la autorización de la secretaría de comunicación del Gobierno Nacional dependiente de la Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional”, y agregó, “cuando vos vas siguiendo el hilo administrativo y ves las expresiones de la cancillería, y ves la autorización formal y firmada de la subsecretaria de comunicación del Gobierno Nacional(sic), la realidad es que hasta ese momento claramente todo el proceso era el adecuado, en términos administrativos, para que lamentablemente terminásemos viviendo la experiencia que estamos viviendo en este momento. No puede eso a nosotros poner en duda el compromiso que tenemos todos los fueguinos en lo que tiene que ver con la defensa de la causa Malvinas”, subrayó.
Además, informó que el Gobernador Gustavo Melella y los Veteranos de Guerra ya han acordado desmantelar el radar y sostuvo que este es un caso testigo de negligencia administartiva, afimando que la reposnabilidad del caso es compartida entre todas las entidades del Estado que intervinieron o debieron intervenir en el caso Leolabs.
