El paquete de reformas que el ultraderechista Javier Milei envió al Congreso esta semana prevé una fuerte regresión en materia de protección de los derechos ambientales en la Argentina. La extensa iniciativa que cuenta con 664 artículos de reforma integral del Estado incluye un apartado que busca eliminar regulaciones y controles sobre las actividades productivas que pueden llevarse a cabo en bosques y glaciares, áreas resguardadas con leyes específicas que fueron sancionadas en los últimos 15 años gracias a una extensa lucha de organizaciones ambientales que hoy alertan sobre el riesgo que puede implicar de cara al futuro.
En materia ambiental, la ley ómnibus – como fue llamada debido a la gran variedad de normativas que deroga, transforma y crea – prevé modificar la ley de Glaciares, sancionada en 2010, para permitir la actividad minera en zonas periglaciares; la ley de Protección de Bosques Nativos, de 2007, para autorizar la deforestación en áreas donde hoy se encuentra vedada o con restricciones; y la ley de Protección Ambiental de Control de Actividades de Quema, para otorgar permisos para que inicien focos de incendios con fines productivos o inmobiliarios, que hasta ahora se encuentran muy restringidos o prohibidos, de acuerdo la zona.
