La industria pesquera en Argentina se enfrenta a un complejo entramado de corrupción y falta de control, con denuncias de coimas y la perpetuación de políticas que benefician a unos pocos.
El doctor César Augusto Lerena, expsuo en declarcines a FM LA Isla las fallas de un sistema que prioriza intereses económicos sobre la sostenibilidad y el desarrollo regional. «El sector pesquero en Argentina está en crisis», señaló. A través de un manejo ineficiente de los recursos y una legislación obsoleta, se favorecen a grandes empresas a costa de la sostenibilidad y el desarrollo local.
La pesca en Argentina, una actividad que debería ser uno de los motores económicos del país, se encuentra en un estado crítico debido a la falta de control gubernamental, la perpetuación de privilegios y la corrupción. El doctor César Augusto Lerena, especialista en el sector, explicó cómo las políticas actuales han permitido la consolidación de grandes empresas pesqueras, mientras que los nuevos emprendimientos y la preservación de los recursos naturales quedan relegados.
Uno de los puntos clave es la entrega de cuotas pesqueras a las empresas. Estas cuotas, que determinan qué tanto se puede capturar de una especie, han sido monopolizadas por las mismas compañías durante años. «Este sistema actual, donde se renuevan las cuotas automáticamente por 15 años más a las mismas empresas, es un craso error», señala Lerena. Según él, esto no solo favorece a un pequeño grupo de corporaciones, sino que impide la entrada de nuevos actores en el mercado, limitando la competencia y el crecimiento de nuevas industrias.
Además, las irregularidades no terminan ahí. Recientemente, se han conocido denuncias de coimas, donde funcionarios exigen pagos ilícitos a cambio de otorgar cuotas de pesca más favorables. «Esto genera un ambiente turbio que afecta aún más la imagen de un sector ya de por sí cuestionado», comenta el experto, quien también destacó el impacto negativo que tiene la corrupción en el manejo de los recursos pesqueros, tanto desde un punto de vista económico como ecológico.
Lerena mencionó un caso reciente que pone en evidencia la fragilidad del sistema: un buque que pescó merluza negra juvenil en cantidades que superaban lo permitido. «El problema es que el Estado tiene el deber de controlar estas capturas para evitar la depredación de los recursos», explica. Sin embargo, a pesar de la presencia de inspectores a bordo, las autoridades permitieron que se continuara con la pesca indiscriminada, lo que pone en riesgo la regeneración de la especie y el futuro de otras empresas.
Este tipo de prácticas, sumado a la falta de políticas claras que prioricen el valor agregado y el desarrollo regional, han hecho que la industria pesquera argentina dependa en gran medida de la exportación de materia prima a terceros países, donde se procesa y se le agrega valor, en lugar de aprovechar esa oportunidad dentro del país. «La Argentina está regalando su mano de obra», lamenta Lerena.
El especialista insiste en que es necesario reformar la Ley Federal de Pesca para evitar que continúe este saqueo de los recursos naturales. «Las provincias costeras deben presionar para que se modifiquen las normas actuales, que hoy solo benefician a unos pocos», concluye Lerena, subrayando que solo con una revisión integral de la ley y la implementación de controles efectivos se podrá garantizar la sostenibilidad del recurso y el desarrollo económico de las comunidades pesqueras.
Es momento de que la Argentina enfrente estas problemáticas y transforme la industria pesquera en un sector que no solo sea rentable, sino también sostenible y justo para todas las regiones del país.
