Macarena Videla, referente del Movimiento de Participación Estudiantil y estudiante de Psicología en la Universidad Nacional de San Luis, advierte sobre los riesgos del veto a la ley de financiamiento universitario. El conflicto entre el Gobierno Nacional y las universidades públicas se agudiza en un contexto de creciente movilización social.
En medio de un clima de creciente tensión entre el Gobierno Nacional y las universidades públicas, se perfila una nueva jornada de protestas en defensa del financiamiento educativo. Macarena Videla, responsable nacional del Movimiento de Participación Estudiantil y estudiante de la Universidad Nacional de San Luis, expresó por FM La Isla su preocupación por las consecuencias que tendría el veto a la ley de financiamiento universitario, una medida que el gobierno planea implementar en los próximos días.
EN ese sentido, manifestó, “Lo que está en juego con esta ley no es solo el futuro de las universidades, sino la vida de miles de estudiantes y docentes que dependen de un sistema público, gratuito y de calidad. No estamos hablando solo de infraestructuras o salarios, sino de proyectos de vida que se ven amenazados”. Videla resaltó que el acceso a una educación universitaria de calidad es esencial, especialmente para aquellos estudiantes que, como ella, son los primeros de sus familias en poder asistir a una universidad.
El conflicto, que ya lleva varios meses, se intensificó luego de que el Gobierno Nacional anunciara su intención de vetar la ley que garantizaría un aumento en el financiamiento de las universidades. Según Videla, esta medida “pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones y la posibilidad de que miles de estudiantes continúen con sus estudios”. Asimismo, denunció que el Gobierno ha intentado deslegitimar a las universidades públicas al sugerir, en declaraciones recientes, que estas no administran adecuadamente los fondos asignados.
Además del veto, el Gobierno ha insinuado la posibilidad de introducir un sistema de arancelamiento en las universidades, lo que significaría un golpe aún más duro para los estudiantes de bajos recursos. Videla fue contundente al respecto: “Tenemos una universidad no arancelada, y eso nos ha permitido a muchos jóvenes, como en mi caso, acceder a una educación que de otra manera no podríamos pagar. Si avanzan con el arancelamiento, estarían cerrando las puertas a miles de personas”.
Por otro lado, el Gobierno Nacioanl ha defendido su postura argumentando que las universidades deben ser más transparentes en la gestión de los recursos públicos y ha retomado la discusión sobre la implementación de auditorías en las instituciones educativas. Sin embargo, para los estudiantes y docentes, estas medidas no son más que intentos de desviar la atención del problema principal: la falta de financiamiento adecuado.
Videla también destacó la importancia de la movilización social como herramienta para frenar estas políticas. “En abril ya demostramos que la comunidad universitaria y la sociedad en general no están dispuestas a aceptar un recorte en la educación pública. La marcha de mañana será una nueva demostración de fuerza”, afirmó, aludiendo a la masiva protesta que tuvo lugar meses atrás. Según la dirigente estudiantil, se espera una participación similar o incluso mayor, con convocatorias en diversas ciudades del país, desde grandes centros urbanos hasta pequeñas localidades.
El apoyo a la movilización no solo proviene del sector estudiantil, sino también de los gremios docentes y no docentes, que ven en la posible reducción del financiamiento una amenaza directa a sus condiciones laborales. “Hoy, muchos docentes están por debajo de la línea de pobreza, y eso afecta directamente la calidad de la educación que reciben los estudiantes. No se puede construir una universidad de excelencia sin garantizar condiciones dignas para quienes enseñan”, sostuvo Videla.
El conflicto entre el Gobierno Nacional y las universidades públicas plantea un debate más amplio sobre el modelo de país que se quiere construir. Para Videla, “lo que está en juego es mucho más que una ley de financiamiento. Estamos discutiendo si queremos un país que apueste por la soberanía científica y tecnológica, que invierta en la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo nacional, o si vamos a retroceder a un modelo donde solo quienes pueden pagar acceden a la educación superior”.
A pesar de las tensiones, Videla se mostró optimista respecto al poder de la movilización social. “La marcha de mañana será un mensaje claro al Gobierno: no vamos a aceptar un retroceso en la educación pública. Queremos una universidad al servicio del pueblo, que siga siendo gratuita, de calidad y accesible para todos”, concluyó.
Con este escenario de fondo, la jornada de protestas promete ser un nuevo capítulo en la disputa por el futuro de la educación pública en Argentina, un tema que toca de cerca a miles de estudiantes, docentes y familias en todo el país.
