Laura Montes afirmó que atravesamos un contexto de fuerte reducción de la participación estatal en proyectos de vivienda, en el que el gobierno nacional aporta entre el 25% y el 30% del financiamiento, mientras que las provincias deben cubrir el resto. Actualmente, la prioridad del IPV es finalizar las 500 viviendas en ejecución, distribuidas entre las ciudades de Río Grande y Ushuaia.
El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se encuentra atravesando una profunda crisis debido a los severos recortes presupuestarios por parte del gobierno nacional. Según datos oficiales, el presupuesto asignado al IPV para el año 2025 se ha reducido en un casi 30 % con respecto al año anterior, lo que ha generado una disminución de millones de pesos en los fondos destinados a la construcción de viviendas.
La presidenta del organismo, Laura Montes, expresó su preocupación ante esta situación: “Los recortes presupuestarios son un duro golpe para el IPV y para las miles de familias que esperan acceder a una vivienda digna. Esta situación nos obliga a replantear nuestras prioridades y a buscar soluciones creativas para poder continuar con las obras”, señaló.
Montes aseguró que la falta de financiamiento ha provocado la paralización de 500 viviendas en toda la provincia, lo que representa un retroceso significativo en la política de vivienda del gobierno Provincial. “Cada vivienda paralizada significa una familia que se queda sin la posibilidad de mejorar su calidad de vida”, afirmó la funcionaria.
La crisis del IPV no solo afecta a las familias que esperan una vivienda, sino que también tiene un impacto negativo en la economía local. Según estimaciones de la Cámara de la Construcción, la paralización de las obras ha generado la pérdida de muchos puestos de trabajo en el sector y ha reducido la demanda de materiales de construcción.
Desde las empresas constructoras se ha manifestado una profunda preocupación por la situación. La funcionaria Aseguró que “los recortes presupuestarios ponen en riesgo la continuidad de muchas empresas y generan una gran incertidumbre en el sector”.
«No podemos permitir que miles de trabajadores pierdan sus empleos por culpa de decisiones políticas equivocadas. Exigimos al gobierno que revierta los recortes y garantice la continuidad de las obras», afirmó.
Por su parte, los sindicatos del sector de la construcción han convocado a movilizaciones para exigir al gobierno que revierta los recortes y garantice la continuidad de las obras. afirmó que “la vivienda es un derecho fundamental y el gobierno tiene la obligación de garantizarlo”. Lamentablemente, los recortes presupuestarios están poniendo en riesgo este derecho y están generando un gran sufrimiento en miles de familias», afirmó Montes.
Organizaciones sociales y comunitarias también se han sumado a las críticas y han exigido soluciones urgentes para atender la demanda de vivienda en la provincia. señaló que “la falta de viviendas dignas es una problemática que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad y que requiere una respuesta inmediata por parte del Estado”.
Ante esta situación, diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales han realizado un llamado a las autoridades nacionales y provinciales para que tomen medidas urgentes y permitan solucionar esta crisis. Se exige un aumento del presupuesto destinado al IPV, la elaboración de un plan de vivienda a largo plazo y la implementación de políticas públicas que promuevan el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos.
