La secretaría general de SEJUP, Alicia Ponce, expresó preocupación por la falta de diálogo con las autoridades judiciales y advierte sobre la creciente dependencia política del Poder Judicial. Además reclamó una recomposición salarial justa y alerta sobre el deterioro del servicio a la ciudadanía.
La situación de los empleados judiciales provinciales es crítica, según explicó Alicia Ponce en FM La Isla, secretaría del Sindicato de Empleados Judiciales Provinciales (SEJUP). Ponce destacó que a lo largo de este año no se lograron aumentos salariales acordados ni hubo espacio para la negociación, lo que deja a los empleados judiciales en una situación económica delicada. La funcionaria sindical resaltó que esta es la primera vez en más de tres décadas que los incrementos salariales se otorgaron de forma unilateral y sin discusión, afectando la estabilidad de los trabajadores y las condiciones en las que cumplen sus tareas.
La sindicalista, advirtió que la independencia del Poder Judicial se ha visto comprometida, ya que las decisiones económicas y salariales están supeditadas a la voluntad política de otras entidades. Ponce se enfatizó que la dependencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo ha alcanzado un nivel crítico, lo cual dificulta no solo los aumentos salariales, sino también la autonomía de las decisiones judiciales. «Es lamentable que el presupuesto del Poder Judicial dependa de otros sectores políticos y que incluso se recurra al Ejecutivo para solicitar incrementos que deberían discutirse y resolverse de forma autónoma», expresó.
Ponce también señaló que la estructura judicial se encuentra en una situación insostenible. Explicó que, a pesar de contar con cinco ministros en lugar de tres, los acuerdos salariales y otras decisiones clave se manejan desde cargos menores, con una presidencia que ha delegado la negociación en funcionarios de segunda línea, lo cual genera frustración en el gremio. «Los ministros de la corte, quienes deberían tomar estas decisiones, están completamente desconectados del diálogo con los sindicatos, dejando a los empleados en un limbo sin respuestas ni soluciones claras», sostuvo la secretaría de la SEJUP.
El dirigente gremial destacó que, mientras los altos funcionarios judiciales perciben salarios que pueden alcanzar los 20 millones de pesos mensuales, los empleados de menor rango apenas superan los 1.4 millones de pesos, una diferencia salarial que no solo afecta la moral de los trabajadores, sino que también evidencia una falta de criterio y humanidad por parte de las autoridades judiciales. Según Ponce, se han solicitado aumentos diferenciados que benefician especialmente a las categorías salariales más bajas, pero esas peticiones fueron ignoradas.
Otro punto que preocupó a la dirigente fue el nombramiento de cargos políticos en el Poder Judicial, lo que para ella ha provocado una distorsión en el objetivo de la justicia. “El Poder Judicial debería tener como premisa un servicio de calidad para la ciudadanía, pero, con la incorporación de ministros que cada uno trae su propio proyecto personal, pareciera que estamos frente a una empresa que busca satisfacer intereses individuales”, afirmó Ponce. A esta situación se suma el hecho de que casi la mitad del personal judicial no trabaja directamente en la atención al público o en el servicio de justicia, sino que ocupa funciones administrativas dentro de estructuras complejas y sobrecargadas.
En cuanto a las herramientas para reclamar sus derechos, Ponce expresó que el ámbito judicial enfrenta mayores dificultades en comparación con otros gremios, ya que los reclamos sindicales que se realizan dentro del sistema de justicia suelen ser ignorados o postergados. “Cuando un sindicato de otro sector presenta un reclamo, el Ministerio de Trabajo interviene, llama a las partes y busca llegar a un acuerdo. En el ámbito judicial, nuestras denuncias y solicitudes de conciliación quedan relegadas y sin una respuesta efectiva. Existe un código de normas para unos y otro para otros dentro de la justicia misma, y eso nos afecta directamente”, enfatizó.
La secretaría de la SEJUP también criticó la corporativización del Poder Judicial, al señalar que muchos jueces, fiscales y funcionarios judiciales responden a intereses políticos específicos, lo cual compromete la objetividad y la transparencia del sistema. “Cuando observamos la falta de acción judicial en ciertos casos o la protección de funcionarios vinculados a intereses específicos, es claro que existe una dependencia que va en contra de la función imparcial de la justicia”, agregó.
Por último, Ponce expresó que, ante la próxima elección de las autoridades de la presidencia del Tribunal Superior y el Consejo de la Magistratura, el ambiente dentro de la justicia está lleno de incertidumbre y tensión, con candidatos que buscan proteger sus intereses y sostener el statu quo. «Esta situación de dependencia y la búsqueda de control dentro del poder judicial son perjudiciales para los empleados y también para la ciudadanía que espera un servicio justo e imparcial», señaló el dirigente.
Frente a esta realidad, la SEJUP continúa reclamando un diálogo efectivo con las autoridades judiciales para resolver las problemáticas salariales y recuperar el rumbo de la independencia judicial. “Es esencial que el Poder Judicial vuelva a sus principios de autonomía y responsabilidad hacia el servicio público y que los empleados tengan condiciones laborales dignas”, concluyó Ponce, dejando en claro que, mientras la situación siga así, el gremio seguirá alzando su voz.
