El cierre de operaciones de YPF dispara el desempleo y obliga al gobierno de Claudio Vidal a buscar soluciones de emergencia en medio de críticas y tensiones.
La reciente retirada de YPF de Santa Cruz ha desatado una crisis laboral que el gobierno provincial, liderado por Claudio Vidal, intenta contener. Con más de 1.500 petroleros recibiendo indemnizaciones temporales, el panorama a largo plazo es incierto, ya que la provincia no está en condiciones de absorber la creciente demanda de empleo.
El proyecto Palermo Aike, presentado inicialmente como una solución, enfrenta demoras y su producción plena podría tardar más de cinco años, dejando en evidencia la falta de previsión oficial. Mientras tanto, la pérdida de la paz social es inminente, con amenazas de paros y cortes de ruta.
Nadia Ricci, secretaria de Minería, criticó a las gestiones anteriores por su falta de visión, aunque su propio vínculo con figuras pasadas genera controversia. Por su parte, Vidal recurre a estrategias tradicionales, presionando a empresas mineras como Newmont para absorber a trabajadores petroleros, en un intento de aliviar la crisis.
Los municipios, como Caleta Olivia y Pico Truncado, comienzan a incorporar personal petrolero pese a sus estructuras saturadas, incentivados por fondos provinciales adicionales. Sin embargo, la presión gremial y la fragilidad económica complican aún más el escenario.
El discurso de Vidal, que en campaña abogaba por el empleo privado, se ve hoy contradicho por sus propias acciones, recurriendo al Estado para paliar el desempleo. La situación es crítica y las próximas semanas podrían traer cambios en organismos provinciales debido a las tensiones internas.
La incertidumbre domina Santa Cruz, mientras el gobierno busca equilibrar sus promesas con la realidad, en un contexto donde la estabilidad social y económica pende de un hilo.
