Luis Sosa, secretario general de Petroleros Privados, confirmó que mantienen reuniones con el gobernador Gustavo Melella y otras autoridades para evitar despidos masivos. La posible retirada de YPF de la provincia y la incertidumbre sobre las empresas que podrían reemplazarla generan inquietud entre los trabajadores y sus familias.
La posible retirada de YPF de Tierra del Fuego ha encendido las alarmas entre los trabajadores del sector petrolero y las autoridades provinciales. Luis Sosa, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, confirmó en una entrevista radial que mantienen un diálogo constante con el gobernador Gustavo Melella y otras figuras clave para encontrar soluciones que eviten despidos masivos y protejan los puestos de trabajo en la provincia.
En las últimas semanas, la incertidumbre sobre el futuro de YPF en la región ha generado preocupación entre los casi 400 trabajadores directos y sus familias, que suman alrededor de 1.600 personas dependientes de estos empleos. Sosa destacó que el sindicato está en permanente contacto con el gobernador Melella, quien se comprometió a colaborar en la búsqueda de alternativas para garantizar la continuidad laboral de los empleados.
«Estuvimos viajando toda esta semana a Buenos Aires, reunión tras reunión, con YPF, Total y otras empresas, para ver qué va a pasar. También hemos tenido reuniones con el gobernador Melella y el intendente Martín Pérez, quienes están comprometidos en ayudarnos», explicó Sosa durante la entrevista. Además, mencionó que se está evaluando la posibilidad de que la empresa estatal provincial Terraignis tome un rol más activo en el sector, aunque aún no hay definiciones concretas.
El dirigente gremial subrayó que el objetivo principal es evitar la pérdida de puestos de trabajo. «No queremos que despidan a un solo trabajador. Vamos a pelear para que todos los empleados que hoy están en actividad sean formalizados por la empresa que llegue a reemplazar a YPF», afirmó Sosa. También destacó que, aunque hay antecedentes de despidos en otras provincias donde YPF ha reducido su presencia, confía en que en Tierra del Fuego se pueda llegar a un acuerdo favorable.
Por otro lado, Sosa mencionó que el sindicato está al tanto de que podrían ingresar otras empresas extranjeras al mercado, aunque aún no se han revelado nombres concretos. «Estamos en diálogo permanente para conocer qué empresas podrían llegar y cómo se manejarán con los trabajadores actuales», agregó.
El gobernador Melella, por su parte, ha mostrado preocupación no solo por el impacto laboral, sino también por las regalías que la provincia recibe de la actividad petrolera. «El gobernador está al tanto de la situación y se preocupa por lo que pueda pasar con las regalías y los puestos de trabajo. Él tiene la posibilidad de actuar a través de Terraignis, la empresa estatal provincial, y está dispuesto a colaborar», explicó Sosa.
En cuanto a los próximos pasos, el secretario general confirmó que mañana se reunirá personalmente con el gobernador en Ushuaia para avanzar en las negociaciones. «No es lo mismo hablar por teléfono que en persona. En una reunión presencial pueden surgir nuevas ideas y soluciones», señaló. Además, adelantó que seguirán manteniendo contacto con el directorio de YPF para obtener más precisiones sobre el futuro de la empresa en la provincia.
Mientras tanto, los trabajadores y sus familias esperan respuestas concretas. «Queremos llevar tranquilidad a los compañeros. No vamos a permitir que se despidan a 400 trabajadores. Vamos a luchar por la permanencia de todos», aseguró Sosa. El sindicato también planea presentar propuestas a las nuevas empresas que lleguen a la región, con el objetivo de que se formalicen los contratos de los empleados actuales.
La situación en Tierra del Fuego refleja un escenario complejo para el sector petrolero, donde la incertidumbre sobre el futuro de YPF y la llegada de nuevas empresas extranjeras mantienen en vilo a trabajadores y autoridades. Mientras las negociaciones avanzan, el sindicato y el gobierno provincial buscan garantizar la estabilidad laboral y económica de miles de familias fueguinas.
