La doctora Ana Carro, designada como síndica titular por la Legislatura, denuncia obstrucción en su labor de fiscalización tras cuestionar el manejo de más de 2 millones de dólares en la empresa estatal. Acusa al Ejecutivo de removerla ilegalmente y ocultar información clave.
En un caso que expone serias irregularidades en la gestión de fondos públicos, la doctora Ana Carro, síndica titular de Terra Ignis Energía SA, reveló a este medio los obstáculos que enfrentó para fiscalizar más de 2 millones de dólares girados a la empresa, además de 125 millones de pesos destinados a salarios en una sociedad que no genera dividendos. Su remoción abrupta, notificada cinco meses después de una asamblea cuestionada, y su posterior despido de un cargo en el Ejecutivo, apuntan a un intento de silenciar su auditoría.
Terra Ignis fue creada por la Ley 10.023 con una sindicatura colegiada: dos síndicos propuestos por el Ejecutivo y uno por la Legislatura. Carro asumió en julio de 2023 tras la renuncia de sus predecesores por incompatibilidades. Su rol era fiscalizar el ejercicio 2023 y solicitar la documentación correspondiente al 2024, tal como exige el artículo 10 de la ley. Sin embargo, al intentar obtener esos datos, chocó con un muro de silencio.
Según Carro, el presidente de Terra Ignis, Maximiliano D’Alessio, ignoró sus pedidos de información. En respuesta, ella envió una carta documento exigiendo transparencia. La sorpresa llegó cuando, meses después, le notificaron que había sido removida en una asamblea extraordinaria en octubre de 2023, bajo el argumento de una «incompatibilidad» por su cargo en el Ejecutivo.
—No existe ninguna ley que fundamente esa incompatibilidad—, denunció Carro. —Mi subsecretaría no tenía relación con hidrocarburos ni energía. Si fuera así, ningún síndico podría trabajar en otro lugar—.
Peor aún: la remoción se decidió sin intervención de la Legislatura, violando el estatuto de la empresa. —El Ejecutivo no puede remover unilateralmente a un síndico designado por los legisladores—, explicó.
Los fondos bajo sospecha
Los giros a Terra Ignis incluyen:
- USD 2 millones (equivalentes a $2.200 millones) para «emergencia energética».
- $125 millones adicionales para pagar salarios, pese a que la empresa no reporta ganancias.
Carro advirtió que, al no tener acceso a la documentación, no puede confirmar cómo se usaron esos fondos. —Es dinero público en una sociedad privada. Si no hay fiscalización, no hay garantías—, afirmó.
Represalias y presentaciones judiciales
Tras insistir en su labor, Carro fue despedida de su cargo en el Ejecutivo. Presentó denuncias en la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, pero solo recibió confirmación de que su caso está «en investigación». Mientras, la Legislatura tratará el tema en la próxima sesión.
«Si mi remoción fue ilegal, sigo siendo responsable legal de lo que ocurra» insistió. El caso evoca el escándalo de HIFUSA, otra empresa estatal investigada por malversación. Para Carro, el patrón se repite, «Cuando preguntás, te sacan», dijo.
