El legislador Fueguino de Provincia Grande criticó el manejo de la empresa estatal vinculada al sector petrolero, denunció falta de transparencia en los informes y advirtió sobre pérdidas millonarias. Exigió respuestas por la triangulación de fondos públicos y la designación de un director que no reside en la provincia.
El legislador Matías Lapadula (Bloque Provincia Grande) encendió la alarma sobre el funcionamiento de Terra ignis, la empresa provincial creada para participar en la explotación de hidrocarburos. En diálogo con Radio Provincia, el legislador expresó su preocupación por la falta de resultados concretos, las pérdidas económicas y la designación de un director que, según reveló, «trabaja en otra provincia mientras cobra de Tierra del Fuego».
«Dilapidar dinero público hace que la gente crea que el Estado no debe estar ahí», afirmó Lapadula, quien además denunció que los pedidos de informes sobre el manejo de la empresa fueron respondidos «a medias y con evasivas». Entre los puntos más críticos, destacó que el primer balance de SAPEM arrojó pérdidas y que aún se espera la rendición de más de $2.000 millones transferidos por el Estado para alquilar generadores eléctricos durante la crisis energética en Ushuaia.
En ese sentido, el legislador cuestionó duramente la decisión del gobierno provincial de triangular esos fondos a través de Terraignes en lugar de asignarlos directamente a la Dirección Provincial de Energía (DPE). «Fue una mala decisión política: generó otro quebranto en una empresa que no tiene ingresos», sostuvo, y reveló que durante la discusión del presupuesto, los funcionarios no supieron justificar el motivo de esa operación, limitándose a decir que fue una «decisión política».
Lapadula también apuntó contra la persona al frente de la empresa, «Es un disparate que la dirija alguien que es asesor en otra provincia. Necesitamos a alguien competente y enfocado en Tierra del Fuego», dijo y aunque evitó atribuir intenciones partidarias, sugirió que la designación responde a un «favor político». Vale señalar que todo el encono estaba directamente dirijido a cuestionar ingeniero Alberto Etcheverry, presidente del directorio de la empresa y funncionario neuquino.
Pese a defender la necesidad de que el Estado participe en el sector hidrocarburífero, el legislador admitió que casos como este «dan la razón a quienes dicen que el Estado no debe intervenir». Exigió medidas urgentes para reorientar la empresa y evitar que siga siendo, en sus palabras, «una sociedad en papeles que solo genera pérdidas».
Las críticas se dan en un escenario complejo para el sector, marcado por el retiro de YPF de la Provincia. Lapadula remarcó que, ante la falta de acciones concretas del gobierno, Terraignes podría ser una herramienta clave para una «política estratégica» pero su manejo actual la vuelve ineficaz.
El legislador confirmó que sigue pendiente la presentación del segundo balance de la empresa (previsto para el 31 de diciembre de 2024), el cual deberá detallar el uso de los fondos públicos. Mientras tanto, advirtió: «Si no hacemos las cosas bien, la provincia se cae a pedazos».
