En una entrevista exclusiva, el exministro de Economía y uno de los gestores de la ley que transformó Tierra del Fuego advierte sobre los riesgos de la desinformación y la falta de cohesión social frente a las nuevas amenazas al régimen promocional.
Mariano Viaña, contador, exministro de Economía y uno de los artífices de la Ley 19.640 —norma que desde 1972 impulsó el desarrollo industrial y poblacional de Tierra del Fuego—, analizó en profundidad los desafíos actuales del régimen en un diálogo franco y revelador. Con una voz que mezcla la experiencia de seis décadas en la provincia y la urgencia de quien ve repetirse errores del pasado, Viaña destacó tres ejes críticos: el desconocimiento generalizado sobre la ley, la falta de diálogo político y el riesgo del «efecto derrame» negativo que podría generar la eliminación de beneficios clave.
1. La ley 19.640: «No es un subsidio, es una compensación geopolítica»
Viaña recordó los orígenes de la norma, gestada tras la derogación «de un plumazo» de la zona franca en 1971 (Ley 18.588), que dejó a la provincia en crisis. «Era un proyecto dual: poblar un territorio estratégico y generar empleo», explicó, enfatizando que los beneficios fiscales no son «regalos» sino compensaciones por el aislamiento y los costos logísticos únicos de la isla.
Criticó la narrativa simplista que reduce el régimen a «no pagar impuestos»: «Tierra del Fuego aporta impuestos país, internos, fondos industriales y cargas sociales. El costo fiscal que se discute ignora estos ingresos», detalló, citando ejemplos como los USD 350 millones anuales por impuestos país.
La amenaza actual: «Esto no es 1970, pero el error es igual»
Frente a la posible eliminación de aranceles para importaciones —que afectaría a la industria electrónica—, Viaña trazó paralelos con la década de 1980, cuando altos aranceles continentales impulsaron la radicación de fábricas en la provincia. «Hoy creen que basta con sustituir empleos, pero no entienden el efecto derrame: 7,000 puestos en riesgo significan casi $10,000 millones mensuales menos en circulación en Río Grande», alertó.
Cuestionó además el desconocimiento técnico de las autoridades nacionales: «Confunden subrégimen industrial con aranceles. Un decreto no puede derogar una ley, pero el daño colateral ya está hecho».
La receta: «Cohesión social y docencia política»
El exministro insistió en recrear la unidad multisectorial de 1971, cuando ruralistas, comerciantes y políticos lograron consensuar la 19.640. «Hoy la dirigencia está fragmentada y la gente ignora cómo la ley beneficia a todos. Necesitamos una campaña masiva de información», propuso.
También pidió pragmatismo: «Judicializar no basta. Hay que dialogar con el gobierno nacional, mostrar que Tierra del Fuego no es un privilegio, sino un caso único por su geografía».
Viaña cerró con un mensaje contundente: «El que cree que esto no le afecta está equivocado. O nos unimos o nos desparramamos». Su reflexión resuena como un eco de 1972, cuando la provincia supo convertir una crisis en oportunidad. Hoy, el desafío parece ser no solo defender la ley, sino revalorizar su espíritu fundacional: soberanía, trabajo y cohesión social
