Desde mejoras en las jubilaciones hasta la comisión del «Criptogate», los bloques opositores intentarán abrir una sesión que el oficialismo intenta bloquear mediante presiones políticas y boicot al quórum.
La Cámara de Diputados se convierte hoy en el epicentro de una fuerte pulseada política entre el Gobierno de Javier Milei y los bloques opositores, que buscan avanzar con un conjunto de iniciativas que generan incomodidad en la Casa Rosada. A pesar de la falta de una estrategia unificada, la oposición pretende tratar un abanico de propuestas que van desde aumentos a jubilaciones mínimas y continuidad de la moratoria previsional, hasta la declaración de emergencia en distritos bonaerenses afectados por las recientes inundaciones.
Sin embargo, el foco de mayor tensión gira en torno a la Comisión Investigadora del escándalo Criptogate, que involucra directamente al Presidente. El oficialismo, que hasta ahora logró paralizar su funcionamiento, busca evitar que la Cámara defina por mayoría la presidencia del cuerpo. Por eso, la estrategia libertaria se centra en boicotear el quórum mediante presiones a gobernadores de diversas fuerzas y a sectores dialoguistas del PRO y la UCR, que exhiben profundas divisiones internas.
El tema previsional, eje del conflicto
Uno de los puntos centrales del temario es la situación del sistema jubilatorio. Si bien no hay una propuesta común entre los opositores, la moción que cosecha más respaldo plantea un incremento del 7,2% en las jubilaciones, sumado a una suba del bono para quienes perciben el haber mínimo, congelado en $70.000 desde que Milei asumió el poder. El bono pasaría a $100.000 o incluso $115.000, según los consensos que se logren entre los bloques antes de la votación.
Esta medida, que beneficiaría a cerca del 27% de los jubilados, es resistida con fuerza por el oficialismo, que la considera incompatible con su política de “déficit cero”. De hecho, el propio Guillermo Francos, ministro del Interior, advirtió en un encuentro con empresarios de la Cámara de Comercio de EE.UU. en Argentina (AmCham), que el Presidente vetará cualquier ley que altere las cuentas fiscales.
Las diferencias se acentúan aún más respecto de la moratoria previsional, cuya vigencia ya caducó y el Ejecutivo evitó prorrogar. Mientras Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda (FIT) defienden su continuidad para permitir el acceso a una jubilación a quienes no completaron los 30 años de aportes, sectores como Encuentro Federal (EF), Hacemos Coalición Federal (DpS) y la Coalición Cívica (CC) —junto a algunos radicales y macristas— proponen una nueva figura legal que permita otorgar una jubilación proporcional según los años efectivamente cotizados.
El rechazo del Gobierno es categórico: ningún cambio en el régimen previsional será aceptado, independientemente del consenso parlamentario.
Emergencia por inundaciones: proyectos en espera
Otro tema de relevancia en la agenda es la situación crítica que atraviesan distintos municipios del norte bonaerense, como Zárate, Campana, Arrecifes, Salto y San Antonio de Areco, entre otros, tras las fuertes inundaciones registradas durante mayo. Se presentaron tres iniciativas distintas para declarar la emergencia ambiental, económica, social, productiva y habitacional por 180 días, con posibilidad de extenderla, pero ninguno de estos expedientes cuenta con dictamen de comisión.
Por lo tanto, para ser debatidos en el recinto, necesitan el apoyo de dos tercios de los diputados presentes, una barrera difícil de superar si el oficialismo logra su cometido de impedir el quórum.
Criptogate y Auditoría General: la disputa por el control institucional
A último momento, la oposición incorporó al temario la designación de autoridades de la Comisión Investigadora del escándalo Criptogate, centrado en la fallida criptomoneda $LIBRA, que salpica al entorno presidencial. También se prevé la elección de dos nuevos auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN): Juan Ignacio Forlán y Emilio Monzó, en reemplazo de cargos vacantes desde 2024.
Ambos temas anticipan tensos cruces reglamentarios, ya que el oficialismo intentará desconocer las mayorías circunstanciales que la oposición podría alcanzar para imponerse.
El objetivo libertario: frustrar la sesión
A sabiendas de que una sesión con estos contenidos puede traducirse en derrotas políticas concretas, el oficialismo apuesta a evitar el inicio del debate. Para ello, despliega una intensa ofensiva que incluye presiones a mandatarios provinciales y diputados dialoguistas, especialmente de la UCR y el PRO, cuyos bloques exhiben grietas que han permitido que algunos legisladores firmen los dictámenes opositores.
Todo indica que la clave del día estará en el quórum, ese número mínimo de 129 diputados sentados en sus bancas que habilita cualquier sesión. La batalla por ocupar esos asientos, hoy, vale tanto como una ley aprobada o vetada.
En resumen: la Cámara de Diputados será hoy escenario de una férrea batalla política. La oposición apuesta a avanzar con medidas sociales de impacto directo y fiscal, mientras que el Gobierno responde con el libreto del ajuste. El telón de fondo: una sociedad que observa, cada vez con más preocupación, cómo se juega su presente y futuro en un Congreso empantanado por las disputas de poder.
