Dirigentes sindicales ratificaron el convenio, pero reconocen que fue la «única salida posible» frente a un decreto limitante. Denuncian un avance sobre recursos estratégicos y una política de despojo impulsada desde el gobierno nacional.
En un clima de tensión y escepticismo, los principales referentes sindicales de Tierra del Fuego firmaron un acuerdo que, lejos de celebrarse, fue explicado como una medida forzada ante la falta de alternativas. Oscar Martínez, Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), admitió, por FM La Isla, que el decreto del gobierno nacional estableció desde el inicio «límites infranqueables», lo que dejó a los trabajadores con escaso margen de negociación, reeditanto el famoso «Dunga Dunga» de 2017.
«Ratificamos este camino porque era la última salida, pero no ignoramos las críticas. Lo haremos con responsabilidad, explicando por qué aceptamos esto tras cinco horas de discusión y sin opciones viables», afirmó Martínez. El dirigente destacó que, pese a las resistencias internas, la mayoría de las asambleas respaldaron la decisión, conscientes de la urgencia ante los plazos impuestos por el Ejecutivo.
Soberanía en juego
Más allá de los reclamos laborales, Martínez enfatizó que el conflicto trasciende lo sindical: «Hay un intento de vaciar la provincia, de expulsar a sus habitantes para entregar recursos al Comando Sur o a intereses extranjeros». Citó como ejemplo la modificación de la Ley 19.640 —que regula el desarrollo industrial fueguino—, una medida que calificó de «gravísima» y vinculada a «negociados con potencias como Estados Unidos o Reino Unido».
El dirigente recordó que estas advertencias se plantearon incluso durante el gobierno de Mauricio Macri: «Resistimos cuatro años, pero no pudimos evitar el recorte de subsidios ni la pérdida de derechos. Ahora la embestida es peor: es un gobierno autoritario, con políticas más brutales que la dictadura».
La lucha continúa
Aunque el acuerdo incluye mesas de diálogo futuras, Martínez aclaró que no hay garantías de participación del gobierno nacional: «Las expectativas dependen de nuestra capacidad de movilización». Anunció que ya planifican nuevas acciones, entre ellas una marcha de antorchas en Río Grande el próximo viernes, para visibilizar que la resistencia «sigue vigente».
El sindicalista agradeció el apoyo de organizaciones sociales, estudiantiles y veteranos de Malvinas, quienes —subrayó— comprendieron que «la soberanía está en riesgo». «Esto no es solo un problema laboral; es una batalla por la Patagonia, su agua y su tierra. Si no la damos juntos, nos despojarán», concluyó, en un llamado a ampliar el conflicto más allá de los gremios.
El trasfondo geopolítico
Martínez vinculó el conflicto con la política exterior del gobierno: «El acuerdo con el FMI incluye cláusulas para desmantelar la industria fueguina y abrir la puerta a bases militares extranjeras». Alertó sobre el interés de potencias en los recursos naturales y acuíferos de la región, y criticó la «falta de una política de defensa de la soberanía».
«Estamos a merced de un gobierno que cambia las reglas cada día. Si avanza su agenda, en 2026 no quedará nada por defender», sentenció. La advertencia, lejos de ser retórica, refleja el temor de que Tierra del Fuego se convierta en el próximo eslabón de un plan de entrega que, según los trabajadores, ya está en marcha.
