Lali Mora, referente histórica en la lucha por la legalización del cannabis terapéutico, critica la prohibición de aceites y cremas por falta de aval sanitario. Denuncia la inacción estatal en controles, reglamentaciones y apoyo a cultivadores solidarios, mientras pacientes quedan desprotegidos y el mercado negro persiste.
En un contexto donde el cannabis medicinal se ha convertido en una alternativa terapéutica para miles de pacientes con epilepsia refractaria, Parkinson, síndrome de Tourette y otras patologías, la reciente prohibición de la comercialización de aceites y cremas de cannabis por falta de aval sanitario expone una vez más las falencias del Estado. Lali Mora, activista y exconcejala de Río Grande, señaló con dureza la ausencia de políticas públicas que garanticen acceso seguro a estos tratamientos, pese a existir leyes nacionales y provinciales que lo avalan.
«El que falla acá es el Estado», afirmó Mora, quien recordó que, desde 2017 —cuando comenzó el debate— hasta hoy, no se han implementado los laboratorios ni los protocolos necesarios para analizar cepas y productos derivados. «Teníamos que tener los medios para que cultivadores solidarios y pacientes accedan a controles de calidad, pero no se hizo nada. Incluso el laboratorio de Ushuaia, que debía ser clave, sigue sin equipamiento», denunció.
La falta de reglamentación de la ley provincial agrava el escenario. Mora detalló que, aunque la normativa ampliaba el uso medicinal más allá de la epilepsia refractaria e incluía la cobertura de obras sociales, nunca se aplicó. «Quedó en papel. Los pacientes siguen dependiendo de un mercado informal, donde muchos terminan comprando productos sin saber si realmente contienen cannabis o son seguros», explicó.
El caso del Reprocam (Registro del Programa de Cannabis) ejemplifica el retroceso: al caerse el sistema, cultivadores autorizados debieron reducir sus plantas, dejando a pacientes sin tratamiento. «Si antes ayudabas a diez personas y ahora solo tres están registradas, entrás en la ilegalidad por cultivar lo necesario. El Estado empuja a la gente al abandono o al riesgo», sostuvo la activista.
Mora también cuestionó la inconsistencia en los controles sanitarios. Mientras algunas marcas comerciales —como las de Jujuy— fueron habilitadas durante el gobierno de Mauricio Macri, otras fueron prohibidas abruptamente por la ANMAT sin alternativas claras. «Hay productos artesanales con más rigurosidad que los industriales, pero no pueden competir por los costos de análisis y packaging», destacó.
La deuda política
Más allá de los reclamos técnicos, Mora apuntó a la falta de voluntad política. «Pasaron ocho años y no hubo capacitación, ni inversión en el HARICAME (Hospital Regional de Investigación y Capacitación en Cannabis Medicinal), ni acompañamiento a los municipios», lamentó. Criticó que las leyes se usen como «banderas electorales» sin traducirse en soluciones: «Hablan de unidad partidaria, pero es para las elecciones, no para resolver problemas reales como la energía, la desocupación o la salud».
En Tierra del Fuego, el descontento crece. Pacientes adultos mayores y cultivadores siguen reuniéndose con autoridades, pero los avances son mínimos. «Sin reglamentación, sin laboratorios y sin controles, seguiremos viendo cómo se criminaliza a quienes solo quieren aliviar su dolor», cerró Mora.
Mientras el Estado mira para otro lado, la sociedad civil —una vez más— carga con las consecuencias.
